Con el reciente anuncio presidencial sobre la contratación de más de 14 mil médicos especialistas, el Gobierno Federal busca cerrar una brecha que ha señalado al sistema de salud por décadas. Sin embargo, al contrastar las cifras de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, la pregunta no es cuánto se gasta, sino si ese gasto alcanza para cubrir a una población cuya carencia de servicios de salud ha crecido de forma alarmante.
Según los registros más recientes de la PNT y los informes de reclutamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la estrategia se ha centrado en inyectar capital humano en los tres pilares del sistema. No obstante, la distribución sigue siendo desigual.
Mientras el IMSS busca fortalecer su plantilla con más de 10 mil nuevos especialistas este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por conducto del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS 2026), reporta que el acceso real a servicios de salud cayó del 84.4 en 2016 al 65.8 por ciento en 2024-2026. Esto significa que, aunque hay más médicos contratados, hay más mexicanos que no logran cruzar la puerta de un consultorio de especialidad.
Para el ejercicio fiscal 2026, la presidenta ha defendido un aumento presupuestal en el fortalecimiento de los recursos humanos del sector salud, sin embargo, organizaciones como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advierte, por ejemplo, que gran parte del recurso se destina a infraestructura y programas de bienestar, sin embargo, la partida para formación y capacitación de recursos humanos sufrió un recorte (pasando de 7 mil 840 a 6 mil 687 millones de pesos en términos operativos), lo que pone en duda la sostenibilidad de las nuevas plazas a largo plazo.
Por su parte, el escenario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al consultar la PNT, presenta una de las preocupaciones más críticas en cuanto a plazas vacantes frente a plazas ocupadas.
El ISSSTE ha reportado históricamente una mayor dependencia de las suplencias y personal por honorarios. Para 2026, la meta para el otorgamiento de bases de médicos especialistas busca reducir un déficit histórico, sin embargo, los registros muestran que el índice de especialistas por cada mil derechohabientes en el ISSSTE corresponde a 2.15 médicos por dicho grupo.
Según el INEGI, más del 30 por ciento de los especialistas activos en el Instituto están en edad de jubilación, lo que genera un complejo panorama de talento que las nuevas contrataciones apenas logran compensar. De este modo, aunque el presupuesto total supera los 550 mil millones de pesos, casi el 75 por ciento del gasto programable se destina al pago de pensiones y jubilaciones, esto deja menos del 25 por ciento para la operación de servicios de salud (infraestructura, medicinas y salarios médicos).
Mediciones oficiales reportan que el tiempo promedio de espera para una consulta de especialidad en el ISSSTE supera los 65 días, el más alto entre las instituciones de seguridad social, lo que empuja a los trabajadores del Estado hacia el gasto de bolsillo en el sector privado y no menos importante señalar que los especialistas a menudo perciben salarios base inferiores a sus contrapartes del IMSS ordinario debido a la estructura de tabuladores de la Administración Pública Federal.
Por su parte, el IMSS-Bienestar, aunque resulta con mejores consideraciones presupuestarias durante 2026 para garantizar la accesibilidad universalidad, su gasto sigue siendo significativamente inferior al del IMSS ordinario, perpetuando una atención de salud diferenciada.
A pesar de la contratación histórica anunciada en días pasados por la presidenta, el INEGI señala que, aunque el 91 por ciento de la población puede llegar a un hospital en menos de 2 horas, la saturación en niveles de especialidad obliga a tiempos de espera de meses para las intervenciones correspondientes.
El reto no es solo contratar personal, sino retener. Los especialistas en zonas rurales (IMSS-Bienestar) enfrentan riesgos de seguridad y disparidades salariales frente a la medicina privada, que según el INEGI, creció un 7.6% en ingresos en 2025.
El 50 por ciento de los especialistas se concentran en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, dejando a estados como Chiapas y Oaxaca con coberturas preventivas de apenas el 36 por ciento.
La contratación de 14 mil médicos es un avance necesario, pero insuficiente si no viene acompañada de una reforma estructural al financiamiento de la salud. Para que la cobertura de especialidad deje de ser un indicador de transparencia y se convierta en una realidad clínica, el presupuesto 2026 debe priorizar no solo la nómina, sino la dignidad del ejercicio médico y la disponibilidad absoluta de insumos.
@jorge.dasaev
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