Desde 2019, la política social en México dio un giro de 180 grados, pasando de un modelo de focalización técnica a uno de universalidad de derechos. Este cambio no solo fue discursivo; se materializó en una serie de reformas constitucionales que buscaron blindar los apoyos económicos (y tal vez los políticos) frente a los cambios políticos de futuras administraciones.
Las becas para estudiantes no siempre fueron una obligación del Estado. Esta decisión administrativa ocurrió el 8 de mayo de 2020, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4 constitucional al establecer como un nuevo derecho humano contar con la garantía de un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública, otorgando prioridad a aquellos en condición de pobreza. Posteriormente, en diciembre de 2024, se reforzó esta estructura para asegurar que el monto de las becas no sea menor, en términos reales, al del año anterior, garantizando su progresividad financiera.
Para entender la magnitud del compromiso actual, es necesario comparar el gasto previsto en ejercicios pasados y el actual. Mientras que en 2016 el enfoque era de transferencias condicionadas por 82 millones de pesos, para 2025 ya se contemplaban 115 millones y, para el actual ejercicio, el presupuesto proyectado busca superar los 180 millones de pesos por la expansión de la universalidad al nivel primaria, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo ante un crecimiento económico moderado.
Las mediciones del INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), muestran que para el 34% de los hogares mexicanos, las transferencias gubernamentales representan un alivio crítico:
En los contextos de menores ingresos, las becas pueden representar hasta el 20 y 30% del ingreso total del hogar, permitiendo un mayor gasto en alimentos y transporte escolar.
El recurso se inyecta directamente al consumo local, dinamizando pequeñas economías rurales donde el Banco del Bienestar es, a menudo, la única institución financiera presente.
A pesar del éxito en la dispersión y de los satisfactores generados en la población beneficiaria (que no necesariamente son los estudiantes), hay retos críticos en este proceso de consolidación durante 2026:
Al otorgar becas de nivel medio superior a todos los estudiantes (independientemente de su nivel socioeconómico), se corre el riesgo de "regresividad", donde recursos públicos terminan en hogares que no los necesitan para garantizar la permanencia escolar.
El programa ha sido efectivo en mantener a los jóvenes en la escuela (acceso), pero no existe evidencia sólida de que la transferencia económica mejore el aprovechamiento académico o la calidad de la enseñanza.
Persisten zonas de sombra en comunidades remotas donde el registro digital es imposible y el personal de campo no es suficiente para cubrir la demanda.
Es importante considerar que la legitimidad de esta forma de garantizar el derecho a la beca depende en gran parte de la transparencia y publicidad del padrón de sus beneficiarios. Para ello, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con el gran reto de revisar que los recursos lleguen a los solicitantes registrados y que no existan padrones fantasmas.
Por su parte, el INEGI deberá continuar con el contraste del gasto gubernamental y diagnosticar si realmente se moviliza la aguja de la pobreza educativa.
La transición hacia la universalidad total en educación básica representa un acto de justicia social, pero también una apuesta económica de alto riesgo. La clave no estará en cuánto se entrega y por ende cuántos reciben un satisfactor económico, sino en cómo se integra el sistema de becas con un mercado laboral que demande esas competencias en el futuro.
@jorge.dasaev
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