Jesús I. Trigos Rodríguez

Un patrimonio seguro para todos

Una de las grandes preocupaciones que hoy tiene el sector empresarial en torno a la reciente Ley del INFONAVIT que ha sido aprobada por el Senado de la República sin modificaciones, es el riesgo que representa al vulnerar la certeza en el manejo de los recursos de los trabajadores al no ser tripartita, lo que representa una total regresión que afecta la representación de los sectores productivos. Esto es tanto la voz de los empresarios como de los trabajadores.

La aprobación a la Ley del INFONAVIT representa una alteración del esquema de gobernanza tripartita y paritaria que caracterizó al Infonavit por décadas y donde a través de este modelo, los trabajadores, empleadores y Gobierno tenían una participación equitativa e informada en la toma de decisiones, con la nueva Ley podrían verse comprometidas estas decisiones, otorgando mayor control a un solo grupo y disminuyendo la representatividad de los sectores productivos.

El hecho de que un solo ente tome las decisiones y desarrolle inversiones con recursos que no son suyos se vislumbra como una muy mala idea, más aún si consideramos que no son unos cuantos pesos, sino 2.4 billones de pesos, resultado del ahorro de años de trabajadores con la esperanza de hacerse de un patrimonio.

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Adicional y más preocupante aún es la creación de una empresa constructora filial del INFONAVIT sin mecanismos claros de supervisión y transparencia, misma que pudiera ser motivo de conflictos de interés y de mal uso de los fondos destinados a los trabajadores, y por ende perderse el objetivo principal de proporcionar créditos para la vivienda en condiciones dignas, accesibles y justas.

Las empresas operadas por el Estado desde años anteriores han resultado ejemplos claros de administraciones deficientes, opacas y en ninguno de los casos rentables; como diría el viejo adagio, “zapatero a tus zapatos” que los empresarios hagan empresa y el gobierno desarrolle políticas públicas, desarrolle obras y ponga orden en la convivencia social.

Una preocupación más con esta nueva Ley es que los ahorros de los trabajadores sean utilizados con fines distintos a los establecidos, por lo que el control del INFONAVIT por parte del Gobierno podría derivar en decisiones discrecionales con riesgos de corrupción y polarización.

Es de suma importancia garantizar que las decisiones legislativas fortalezcan los derechos de los trabajadores, tanto de los actuales como de las futuras generaciones laborales, por eso se requiere transparencia y equidad, así mismo se debe fortalecer a la Institución con el objetivo de proteger los ahorros de los derechohabientes y garantizar una toma de decisiones tripartita y paritaria en acuerdo con los tres sectores y con total transparencia.

Que quede claro, la necesidad de una transformación del Instituto era evidente, su operación, rendimientos, pero ante todo sus capacidades reales de satisfacer las demandas de vivienda de los trabajadores estaban rebasadas desde hace muchos años, pero hay que hacerlo de la manera correcta y esto es, protegiendo el patrimonio de quienes todos los días buscan un mejor futuro para sus familias.

Para ello es fundamental la participación en conjunto de los trabajadores, empleadores y Gobierno en la construcción de los lineamientos ante esta nueva Ley y a su vez establecer Políticas Pública claras de vivienda que atiendan las necesidades del sector laboral.

Escuchar para decidir es un imperativo que en definitiva no debería pasar de moda.

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