Septiembre suele devolvernos una noción compartida de país. La bandera, la memoria histórica y el 15 de septiembre recuperan, al menos por unos días, una identidad común en una sociedad acostumbrada a discutir sus diferencias. Esa celebración tiene valor. Pero el patriotismo pierde sustancia cuando queda reducido al rito. Honrar a México también exige observar, sin complacencia, las condiciones en que trabajan, producen y compiten quienes sostienen buena parte de su vida económica.
En los últimos años, “transformación” y “bienestar” se volvieron palabras centrales del discurso público. Su legitimidad no está en duda. Su contenido, sí. Una transformación que no modifica incentivos, instituciones ni prácticas termina siendo retórica. El bienestar tampoco se decreta. Requiere inversión, empleo, certeza jurídica, productividad y un entorno donde cumplir la ley no resulte más costoso que eludir.
Ahí aparece una de nuestras contradicciones más persistentes. Los Censos Económicos 2024 del INEGI muestran que, en 2023, 64.3% de las unidades económicas del país operaban en condiciones de informalidad. En 2018 eran 62.6%. En el Estado de México la proporción llegó a 79.8%. No es una anomalía periférica. Es parte de la estructura económica. Y su crecimiento obliga a una pregunta incómoda. ¿Qué incentivos estamos generando cuando la formalidad implica impuestos, licencias, seguridad social, verificaciones, renta y obligaciones, mientras amplios espacios de actividad económica permanecen fuera de esas cargas?
La respuesta no admite simplificaciones. La informalidad expresa pobreza, baja productividad, trámites deficientes y falta de oportunidades. Reducirla a una condena moral sería tan insuficiente como romantizar. Comprender sus causas no obliga a aceptar sus efectos. Cuando dos actividades compiten por el mismo consumidor bajo reglas distintas, la desigualdad deja de ser social y se vuelve institucional.
Ordenar tampoco significa perseguir. Significa establecer reglas razonables, hacerlas generales y crear condiciones para que incorporarse a la formalidad sea viable. La autoridad tiene ahí una responsabilidad mayor. Simplificar donde sobra burocracia, corregir cargas desproporcionadas, proteger el espacio público y dar certeza a quién invierte. La legalidad sólo produce desarrollo cuando es exigible, pero también posible.
Por eso las fiestas patrias pueden tener una lectura económica menos ornamental. Consumir local, elegir negocios establecidos y reconocer a quienes generan empleo son decisiones pequeñas, pero acumulativas. El dinero que permanece en una comunidad sostiene nóminas, proveedores, rentas e inversión. También preserva centros urbanos que pierden vitalidad cuando la actividad formal retrocede.
No necesitamos otra disputa entre quienes están dentro y fuera de la formalidad. Necesitamos una transición. Menos tolerancia a la ilegalidad, pero también menos obstáculos para cumplir. Menos discurso sobre transformación y más capacidad para ordenar. Menos promesas de bienestar y mejores condiciones para producirlo.
El 15 de septiembre recordamos una independencia política. Tal vez valga la pena pensar también en otra forma de soberanía. La de una sociedad capaz de construir prosperidad con reglas, trabajo y responsabilidad compartida. La patria no sólo se celebra. Se administra, se cuida y se construye. Honrarla supone, entre otras cosas, que cumplir deje de ser una desventaja.
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