Abrir una empresa en México no debería ser una carrera de obstáculos. Sin embargo,
para miles de emprendedores, la primera dificultad no está en conseguir clientes, contratar personal o encontrar financiamiento, está en qué permisos y qué licencias necesitan y cuánto van a tardar.
Resulta contradictorio que mientras los ayuntamientos anuncian programas para atraer inversiones, quienes deciden arriesgar su capital deban recorrer distintas oficinas, entregar una y otra vez los mismos documentos y esperar autorizaciones sin tener certeza de cuándo podrán comenzar a operar.
El problema no es que existan reglas. El problema es que muchas de ellas parecen diseñadas para administrar trámites y no para facilitar la actividad económica.
Casi todas las administraciones plantean la facilidad para atraer inversión, abrir un negocio y el uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, en los hechos, quienes han decidido iniciar un proyecto o una inversión se han topado con diversos muros burocráticos.
Cada día que un nuevo negocio permanece cerrado por falta de algún permiso o autorización representa renta, salarios, capital inmovilizado y oportunidades que se pierden. Para una gran empresa este costo puede ser administrable, pero para un emprendedor puede significar la diferencia entre iniciar operaciones o abandonar definitivamente su proyecto.
La burocracia excesiva también tiene una consecuencia que solemos pasar por alto: hace menos atractiva la formalidad. Un municipio no es más o menos exitoso para atraer inversiones por el número de trámites que ofrece, su éxito depende de la facilidad para cumplir los requisitos indispensables. Aquí aplica la premisa: menos, es más. Menos requisitos, pero esenciales, esa debe ser la ruta.
Si cumplir resulta caro, incierto y complicado, el mensaje que enviamos es exactamente el contrario al que necesitamos. La formalidad debe ofrecer certeza, reglas claras y una ruta razonable para operar, no convertirse en una prueba de resistencia.
Los municipios tienen aquí una oportunidad extraordinaria. Son la autoridad de primer contacto con los ciudadanos, son la puerta de entrada de miles de actividades económicas y, por lo mismo, pueden convertirse en los principales facilitadores de la inversión y la generación de empleos. Un catálogo de requisitos esenciales, trámites coordinados, expedientes únicos y digitales, plazos verificables y criterios transparentes no son concesiones al empresario, son condiciones elementales de un buen gobierno.
Una transformación en el modelo actual para atraer inversión y generar empleos no debe descansar sólo con las autoridades. Hoy el sector empresarial debe jugar un papel determinante y decisivo, debe asumir, con responsabilidad, un protagonismo más activo y propositivo. Documentar obstáculos regulatorios y proponer activamente una simplificación administrativa, no se trata de digitalizar la burocracia y transitar de un formato en papel a uno digital, se trata de crear modelos que permitan que el emprendedor y los empresarios accedan a mecanismos más ágiles para la apertura de empresas. Facilitar la apertura de empresas no debe significar renunciar a la seguridad jurídica debe significar regular mejor.
El desarrollo económico municipal no comienza cuando se corta el listón de una nueva inversión, comienza mucho antes, cuando una persona pregunta qué necesita para abrir su negocio y recibe una respuesta clara, completa y confiable.
Trabajar en equipo es una apuesta segura. Los empresarios están llamados a ser propositivos para transformar los modelos de negocios y las autoridades deben actualizar sus normas, eliminar cargas burocráticas y facilitar la inversión.
Quizá sea momento de cambiar la pregunta. En lugar de presumir cuántos trámites realiza un ayuntamiento, deberíamos preguntarnos cuántas empresas pudieron abrir, cuánto tardaron y cuántos empleos comenzaron a generar. Ahí está una medida mucho más útil de la competitividad local.
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