Apenas unos minutos antes de que el Senado clausurara su periodo ordinario el pasado 30 de abril de 2025, se aprobó sin debate (pa´variar) el paquete de reformas más ambicioso a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) desde 1972. La minuta —cocinada una semana antes en San Lázaro— fue presentada como una respuesta “contundente” a la violencia que azota al país (hay aja!). Sin embargo, el texto que ahora espera promulgación presidencial no golpea al gran abastecedor de los cárteles; golpea, sobre todo, al ciudadano común que intenta ejercer el derecho previsto en el artículo 10 constitucional a poseer un arma en su domicilio para legítima defensa donde por décadas se ha ido reduciendo a niveles de burla pese a la rampante espiral ascendente de violencia en cual el país se encuentra.

Un cambio que se estrecha al calibre .380

El nuevo articulado sigue dejando como máxima probabilidad de defensa domiciliaria pistolas semiautomáticas de calibre .380 ACP y elimina de tajo la posibilidad de registrar, carabinas .30-30 (que ningún ejercito utiliza) o escopetas automáticas para protección domiciliaria (hay una amplia cantidad de estudios serios alrededor del mundo que señalan a la escopeta como el mejor sistema armado de defensa domiciliaria). A ello se añaden requisitos inéditos: póliza de responsabilidad civil, examen psicométrico anual, registro balístico individual y comprobante de caja fuerte soldada al piso (para cazadores y tiradores deportivos). La Secretaría de la Defensa Nacional (antes SEDENA, ahora DEFENSA) conservará la facultad discrecional de revocar permisos si el propietario “exhibe o porta el arma en actitud intimidatoria”, fórmula tan abierta, ambigua y subjetiva que convierte cualquier denuncia vecinal en causa penal.

Quien vive en una ranchería de la sierra huichol deberá trasladarse cada doce meses al Batallón de su zona —viaje de ida y vuelta de hasta dos días— para renovar documentación y someter el arma a inspección. El costo total del trámite, incluyendo traslados, hoteles y la nueva tarifa indexada a la UMA, supera con holgura el sueldo mensual promedio de un jornalero rural (≈ 9,000 MXN). La ley, en los hechos, no prohíbe la legítima defensa; simplemente la vuelve impracticable lo que genera una oportunidad inmejorable para el mercado negro. Es decir, el Estado mexicano ha ido haciendo cada vez más ilógico e insostenible nuestro derecho constitucional lo que ha generado que no solo los grupos delincuenciales se hagan de armas a través del mercado ilegal si no también ciudadanos que buscan un medio de defensa para su familia (esto es un hecho les guste o no).

El marco constitucional olvidado

Desde 1917 la Carta Magna reconoce el derecho a poseer armas “para seguridad y legítima defensa” en el domicilio. Es un derecho reglamentado, sí, pero no un privilegio revocable por antojo legislativo. La Suprema Corte ha sostenido —tesis 2a./J. 58/2012— que cualquier restricción debe cumplir el test de razonabilidad y proporcionalidad: el medio debe ser idóneo, necesario y equilibrado frente al fin que se persigue. Si la finalidad declarada es reducir la violencia armada, el Congreso tendría que exhibir evidencia de que bajar de .38 a .380 disminuirá la letalidad de los cárteles o las tasas de homicidio; no la hay.( Esto lo dice la SCJN no yo) Por lo que el propio Estado ha ido socavando la posibilidad de defensa desvirtuando el discurso político hacia la inseguridad.

¿Quién trae los fusiles de asalto?

Las cifras oficiales son elocuentes. DEFENSA incautó 28,159 armas de fuego de origen ilícito entre 2018 y 2024, apenas 14 % de las 200,000 que, según cálculos de la propia dependencia, ingresan cada año por contrabando fronterizo. En paralelo, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) documentó que 74 % de las armas recuperadas en escenas criminales mexicanas entre 2017 y 2021 provenían de comercios estadounidenses; Texas, Arizona y California concentran el mayor flujo. Ninguno de esos fusiles plataforma AR, AK, o Barrett .50 es adquirido por el ciudadano que hace fila, plano en mano, en la única armería legal del país.

La reforma tampoco corrige el cuello de botella aduanero: de los 67 puntos formales de cruce con EE. UU. sólo 11 cuentan con escáneres capaces de detectar madera y metal en la misma lectura; ninguno opera las veinticuatro horas. Tampoco asigna presupuesto a las cinco Unidades de Inteligencia Patrimonial que investigan “tienditas” fronterizas donde los compradores fantasma abastecen los convoyes del crimen. Sube las penas —hasta 45 años de cárcel por tráfico— pero no destina un peso extra a la Fiscalía que debería integrar las carpetas.

¿Dónde se dobla la balanza?

Como ya aseveramos en los párrafos anteriores, la consecuencia es previsible: a mayor dificultad y costo para el mercado legal, mayor atractivo para el mercado negro interno. Entre 2019 y 2024, la Fiscalía de Jalisco abrió 402 carpetas por armas con matrícula limada vendidas en redes sociales; la mitad de los compradores habían intentado, sin éxito, obtener una licencia en DEFESNA. No compraron M-4 o AR automáticos; compraron pistolas y escopetas que la ley les negó. Criminalizarlos no los desarma: los empuja al mismo circuito que provee a los sicarios. Es como las risibles campañas de despistolización, las cuales atentan con un derecho constitucional y tratan de desarmar a los civiles, nunca vamos a ver haciendo colas en esas campañas a miembros de la delincuencia organizada ya que esas armas son su herramienta de trabajo. ¿Por qué no, hacer mejor campañas de uso responsable de armas de fuego? o de registro de las mismas ¿Por qué no permitir que las personas que tienen armas registradas vayan a practicar una vez por trimestre? ¡¡¡¡Ah!!!! Porque déjeme le chismeo que como civiles podemos comprar las armas para protección domiciliaria pero no podemos ir a ningún lugar a practicar, por lo que si no tienes experiencia previa en el uso de las mismas, será necesario que compre un cirio pascual más grande y sacuda con trapos humedecidos con agua bendita para que no pase nada en su domicilio por que su arma registrada (y la cual no sabe usar) será un bonito pisa papeles.

Para grupos vulnerables —mujeres acosadas, personas con negocios en zonas de cobro de piso, comunidades rurales alejadas de los servicios policiales— el arma registrada es un factor de disuasión. Replegarse al calibre .380 implica sacrificar alcance y potencia en contextos donde el atacante suele portar una arma larga de tipo fusil. El desbalance táctico es todavía mayor si el ciudadano se ve obligado a mantener el arma “desarticulada” dentro del domicilio: cañón y corredera en un cajón; pistola y cargador en otro. En un asalto, ese protocolo de seguridad se transforma en sentencia. Es decir, en un caso hipotético que alguien entrase a su domicilio de forma ilegal, tendría que gritarle en plena noche: “¿Quién es?” El probable delincuente tendría que gritarle: “¡Un ladrón!” A lo que usted qué replicar “¡Aguántame 5 minutos, lo que pasa es que estoy viendo un tutorial en Youtube de como rearmar mi arma!”. O sea, cero práctico.

El espejismo del control absoluto

Informes de la ATF advierten que los cárteles han incorporado impresoras 3D para fabricar armazones y adaptadores que convierten pistolas comunes en automáticas. La reforma prohíbe esos dispositivos, pero carece de mecanismos para rastrear insumos poliméricos o software de diseño, mucho menos para inspeccionar los 1,100 talleres de torno y fresado del corredor Tijuana-Ensenada. La prohibición, sin vigilancia tecnológica, se reduce a papel. Es decir, en este punto que bueno que se prevé, pero se perdió la oportunidad de prevenir, identificar y judicializar esta práctica de forma acertada.

Se incluye una curiosa exención cultural: los charros podrán portar revólveres de mayor calibre durante exhibiciones, siempre descargados y sin munición a la vista. Rectificar la tradición ecuestre mereció 26 líneas en el dictamen; reforzar la coordinación con la ATF ocupa apenas dos párrafos de buenas intenciones (luego por eso nos traen los vecinos del norte de bajada).

Entre la burocracia y la realidad

Para dimensionar el impacto basta comparar dos escenas. Primer plano: una madre soltera de Ciudad Obregón que renueva su licencia desde 2019 y enfrenta ahora un alza de 83 % en la tarifa, además de un traslado de 600 km para la prueba balística. Contraplano: un coyote fronterizo que cobra 2 000 USD por atravesar un AR-15 en partes y lo entrega armado en Navojoa cuarenta y ocho horas después. La primera queda desarmada si falla un sello; el segundo aumenta su margen de ganancia ante la nueva demanda.

Derecho en entredicho

El Congreso tiene la facultad de regular el derecho a las armas, pero no de anularlo por la vía de los hechos. Al encarecer y complicar el acceso al arma legal sin ofrecer un mecanismo eficaz para frenar el contrabando, la reforma incurre en exceso: restringe más allá de lo necesario, castiga al cumplidor y deja al infractor con un mercado boyante. El principio de proporcionalidad —sustrato de varios precedentes de la Corte— se diluye cuando el sacrificio lo asume quien no delinque. Además (sin raspar muebles) las denuncias del Estado mexicano en contra de fábricas de armas son tan absurdas como denunciar a las armadoras de vehículos por las muertes que generan gracias a conductores bajo el influjo del alcohol. En Estados Unidos las fabricas de armas no le venden las armas al usuario final, si no que lo hacen a negocios que son distribuidores de las mismas (es ahí donde está el problema).

La puerta falsa de la seguridad

En lugar de blindar puentes y rutas aduaneras, el Estado optó por atrincherarse tras un muro de requisitos contra los mismos ciudadanos que, según el artículo 21 constitucional, son corresponsables de la seguridad pública. El resultado visible será un desarme civil parcial, seguido de un reacomodo del mercado ilícito que ya no vende sólo fusiles importados, sino también pistolas “rasuradas” para defensa doméstica.

Quien busque seguridad seguirá comprando; la única diferencia es a quién. Mientras Washington procesa la demanda por 10,000 millones de dólares que México interpuso contra fabricantes estadounidenses, y mientras la ATF clama por inteligencia binacional, el legislador mexicano prefiere un placebo normativo. La violencia no se mitiga recortando calibres ni multiplicando certificados; se mitiga cerrando la frontera al hierro ilegal, atacando las finanzas del tráfico y profesionalizando a las policías que deberían llegar antes que los sicarios. El resto es tinta y papel —caro para el ciudadano, barato para el crimen.

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