El pasado 22 de julio, el Gobierno de México anunció con bombo y platillos la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para formar mandos, titulares de seguridad, personal operativo y perfiles de investigación bajo estándares unificados. De acuerdo con los comunicados y coberturas de ese día, la primera generación arrancaría en agosto con una malla común para policías y operadores de procuración de justicia, y un énfasis en principios éticos y visión centrada en las personas.
La futura ANSP se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que contiene cuatro ejes rectores: 1) atención a causas, 2) consolidación de la Guardia Nacional, 3) fortalecimiento de inteligencia y 4) investigación y coordinación absoluta con estados y municipios. La academia es una pieza del eje de profesionalización y estandarización del sistema policiológico y de procuración de justicia. Sin embargo, esta idea no es nueva y no ha sido la primera vez que se trata de generar una institución con dichas características, pero… ¿Por qué se ha fracasado anteriormente?
a) Fragmentación institucional: demasiadas “escuelas”, pocos estándares
México no carece de centros de capacitación: al contrario, existen decenas de Instancias de Profesionalización en Seguridad Pública (IPSP) registradas ante el SESNSP, con academias municipales, estatales y universidades de seguridad que funcionan con capacidades y calidades disparejas. Esa dispersión es el síntoma de un modelo atomizado, difícil de supervisar y con costos de coordinación elevados.
Para corregir la heterogeneidad, desde 2017 existen Consejos Académicos Regionales que deberían armonizar contenidos; aun así, su operación ha sido intermitente y dependiente del impulso político del momento. Sin embargo, se han convertido en reuniones donde se mide el ego de los titulares de las instituciones y donde se llegan a acuerdos que quedan en letra muerta (yo lo viví nadie me lo contó).
b) Currícula desalineadas y ejecución desigual del Programa Rector
El Programa Rector de Profesionalización (PRP) define contenidos mínimos de formación inicial y continua. Pero su actualización (2019–2025) no siempre se ha traducido en implementación homogénea en aula y campo; la actualización instruyó aplicar los nuevos contenidos a más tardar en enero de 2024, pero varios estados avanzaron a ritmos distintos. Además, se tiene cierto temor a poner en la mesa el tema de las amenazas emergentes como: drones, fentanilo, lavado de activos con criptomonedas, amenazas explosivas entre otras.
c) Certificación incompleta del personal en activo
La norma exige que cada policía cuente con Certificado Único Policial (CUP) —que acredita control de confianza, competencias básicas y desempeño—. Al 31 de diciembre de 2024, solo 88.2% del personal estatal contaba con CUP vigente, un rezago relevante para un estándar que debería ser universal. En instituciones jóvenes como la Guardia Nacional, la magnitud del reto fue explícitamente reconocida por la propia administración.
d) Debilidades andragógicas persistentes
En la literatura académica latinoamericana se documentan déficits en la enseñanza-aprendizaje policial, sesgos corporativos y poca evaluación formativa, lo que merma el tránsito de contenidos normativos a desempeño en calle. México no es la excepción: estudios en SciELO subrayan la necesidad de integrar derechos humanos, ética pública y evaluación continua con diagnósticos serios en centros educativos policiales.
Redondeando la idea, no se ha fallado en “la idea” de profesionalizar a las instituciones policiales, sino el cómo: un mosaico de academias sin un marco único de calidad; currículo que cambian sin aseguramiento andragógico; y un estándar, el Certificado Único Policial (CUP) aún no universal.
De los insumos públicos puede inferirse que la ANSP apunta a: I) unificar estándares curriculares y de evaluación, II) alinear la formación inicial y continua con el PRP, III) vincular investigación criminal, inteligencia y justicia cívica al aula, y IV) certificar (o recertificar) bajo criterios nacionales, reduciendo los “huecos” que deja la fragmentación. Todo ello está alineado con los ejes de la Estrategia Nacional aprobada en
Instituciones como la Academia Nacional del Buró Federal de Investigaciones (EUA), la Escuela Nacional de Policía (Ávila) y Centro Universitario de la Policía (España), la École Nationale Supérieure de la Police Francia, la Academia Nacional de Seguridad Pública (El Salvador) son ejemplos vivos de que iniciativas así son necesarias y viables siempre y cuando se cumplan algunas condiciones como:
¿Cuáles son los riesgos? (porque los hay)
Esta propuesta no inventa la profesionalización; centraliza y eleva el listón. Si se implementa con gobernanza académica robusta, metas públicas de certificación y alianzas universitarias, puede corregir tres fallas históricas: fragmentación, desalineación curricular y evaluación laxa. La evidencia señala que centralización con estándares, universitarización, entrenamiento realista y evaluación transparente son la mezcla que más correlaciona con mejoras en desempeño y legitimidad y nuestras policías y nuestro México ya se lo merecen.
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