El pasado 22 de julio, el Gobierno de México anunció con bombo y platillos la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para formar mandos, titulares de seguridad, personal operativo y perfiles de investigación bajo estándares unificados. De acuerdo con los comunicados y coberturas de ese día, la primera generación arrancaría en agosto con una malla común para policías y operadores de procuración de justicia, y un énfasis en principios éticos y visión centrada en las personas.

La futura ANSP se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que contiene cuatro ejes rectores: 1) atención a causas, 2) consolidación de la Guardia Nacional, 3) fortalecimiento de inteligencia y 4) investigación y coordinación absoluta con estados y municipios. La academia es una pieza del eje de profesionalización y estandarización del sistema policiológico y de procuración de justicia. Sin embargo, esta idea no es nueva y no ha sido la primera vez que se trata de generar una institución con dichas características, pero… ¿Por qué se ha fracasado anteriormente?

a) Fragmentación institucional: demasiadas “escuelas”, pocos estándares

México no carece de centros de capacitación: al contrario, existen decenas de Instancias de Profesionalización en Seguridad Pública (IPSP) registradas ante el SESNSP, con academias municipales, estatales y universidades de seguridad que funcionan con capacidades y calidades disparejas. Esa dispersión es el síntoma de un modelo atomizado, difícil de supervisar y con costos de coordinación elevados.

Para corregir la heterogeneidad, desde 2017 existen Consejos Académicos Regionales que deberían armonizar contenidos; aun así, su operación ha sido intermitente y dependiente del impulso político del momento. Sin embargo, se han convertido en reuniones donde se mide el ego de los titulares de las instituciones y donde se llegan a acuerdos que quedan en letra muerta (yo lo viví nadie me lo contó).

b) Currícula desalineadas y ejecución desigual del Programa Rector

El Programa Rector de Profesionalización (PRP) define contenidos mínimos de formación inicial y continua. Pero su actualización (2019–2025) no siempre se ha traducido en implementación homogénea en aula y campo; la actualización instruyó aplicar los nuevos contenidos a más tardar en enero de 2024, pero varios estados avanzaron a ritmos distintos. Además, se tiene cierto temor a poner en la mesa el tema de las amenazas emergentes como: drones, fentanilo, lavado de activos con criptomonedas, amenazas explosivas entre otras.

c) Certificación incompleta del personal en activo

La norma exige que cada policía cuente con Certificado Único Policial (CUP) —que acredita control de confianza, competencias básicas y desempeño—. Al 31 de diciembre de 2024, solo 88.2% del personal estatal contaba con CUP vigente, un rezago relevante para un estándar que debería ser universal. En instituciones jóvenes como la Guardia Nacional, la magnitud del reto fue explícitamente reconocida por la propia administración.

d) Debilidades andragógicas persistentes

En la literatura académica latinoamericana se documentan déficits en la enseñanza-aprendizaje policial, sesgos corporativos y poca evaluación formativa, lo que merma el tránsito de contenidos normativos a desempeño en calle. México no es la excepción: estudios en SciELO subrayan la necesidad de integrar derechos humanos, ética pública y evaluación continua con diagnósticos serios en centros educativos policiales.

Redondeando la idea, no se ha fallado en “la idea” de profesionalizar a las instituciones policiales, sino el cómo: un mosaico de academias sin un marco único de calidad; currículo que cambian sin aseguramiento andragógico; y un estándar, el Certificado Único Policial (CUP) aún no universal.

De los insumos públicos puede inferirse que la ANSP apunta a: I) unificar estándares curriculares y de evaluación, II) alinear la formación inicial y continua con el PRP, III) vincular investigación criminal, inteligencia y justicia cívica al aula, y IV) certificar (o recertificar) bajo criterios nacionales, reduciendo los “huecos” que deja la fragmentación. Todo ello está alineado con los ejes de la Estrategia Nacional aprobada en

Instituciones como la Academia Nacional del Buró Federal de Investigaciones (EUA), la Escuela Nacional de Policía (Ávila) y Centro Universitario de la Policía (España), la École Nationale Supérieure de la Police Francia, la Academia Nacional de Seguridad Pública (El Salvador) son ejemplos vivos de que iniciativas así son necesarias y viables siempre y cuando se cumplan algunas condiciones como:

1. Gobernanza académica. Un Consejo Académico Nacional con representación estatal y local con base a expertos con experiencia real y probada en seguridad que apruebe mallas, abra procesos de evaluación externa y publique reportes anuales de resultados (tasa de certificación, deserción, desempeño en competencias básicas, queja ciudadana), en sintonía con el Programa Rector de Profesionalización (PRP) y con los Consejos Regionales ya normados
2. Alineación total con el CUP y metas públicas. La ANSP debería fijar metas mensuales para llevar el CUP de 88.2% a 100% en 18–24 meses, con cursos equivalentes y recertificación por módulos, priorizando plantillas operativas estatales y municipales.
3. Universitarizar sin burocratizar. Firmar convenios marco con universidades públicas para doble titulación, créditos transferibles y investigación aplicada en temas policiales (fuerza, comunicación en crisis, DDHH, justicia cívica). La evidencia europea sugiere que la calidad depende de estándares evaluables y entrenamiento basado en escenarios que simulan la carga psicofisiológica del servicio.
4. Malla modular nacional con 30% de práctica supervisada. Tomar como referencia Ávila y ENSP: bloque común nacional (legalidad, uso de la fuerza, investigación y cadena de custodia, violencia de género, proximidad y mediación), con pasantías obligatorias y evaluación por rubricas estandarizadas.
5. Escalafón vinculado a formación y desempeño. El ascenso debe exigir resultados de evaluación y acreditación de competencias, más allá de antigüedad, como documentan prácticas de ascenso en la ENP española y no como pasa actualmente a través de procesos poco transparentes donde ascienden amigos, compromisos y/o compadres.
6. Transparencia de datos. Publicar datasets trimestrales: avance de certificación, número de cursos, tasa de aprobación/reprobación.
7. Formación en derechos humanos y ética pública con evaluación auténtica (no solo memorística), siguiendo recomendaciones regionales para pasar del discurso al desempeño.

¿Cuáles son los riesgos? (porque los hay)

1. Centralizar sin capacidad operativa. Si la ANSP no logra capilaridad (sedes regionales y alianzas locales), puede convertirse en un cuello de botella. La red regional ya prevista en norma debe activarse como extensión de la academia nacional.
2. Politización y vaivenes sexenales. La experiencia comparada enseña que la estabilidad proviene de dar autonomía técnica a la academia y vincularla a universidades con reglas de aseguramiento de calidad (cosa que en nuestro México pocas veces ocurre)
3. Brecha entre currículo y calle. Sin práctica basada en realidad o RBT (por sus siglas en inglés) y evaluación en servicio, los contenidos no se traducen en menos abusos o mejores investigaciones.
4. CUP como trámite. Si el certificado no se liga a competencias observables y desempeño, será un requisito formal más. La propia reflexión institucional sobre el CUP advierte la carga de certificar plantillas numerosas sin perder calidad.

Esta propuesta no inventa la profesionalización; centraliza y eleva el listón. Si se implementa con gobernanza académica robusta, metas públicas de certificación y alianzas universitarias, puede corregir tres fallas históricas: fragmentación, desalineación curricular y evaluación laxa. La evidencia señala que centralización con estándares, universitarización, entrenamiento realista y evaluación transparente son la mezcla que más correlaciona con mejoras en desempeño y legitimidad y nuestras policías y nuestro México ya se lo merecen.

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