Al terminar el turno, un policía puede quitarse el uniforme, entregar la patrulla y salir del edificio de su institución. Lo que no puede hacer es asegurarse de que quienes lo amenazaron respeten su horario de descanso y existen desafortunadamente cientos de casos a lo largo y también de nuestro país que lo demuestran. Ahí comienza el debate que el estado de Baja California ha vuelto a poner sobre la mesa: permitir que los elementos policiales porten un arma fuera de servicio para defender su vida. La preocupación merece atención. La respuesta exige algo más que levantar la mano en el Congreso.
Y es que hace unos días ocurrió algo de suma importancia para la seguridad de los elementos policiales que se encuentran fuera de servicio no solo en ese estado si no para todo México (ya que sentaría antecedente) y para ello, conviene empezar por una precisión que algunos encabezados dejan borrosa. El Congreso de Baja California aprobó remitir al Congreso de la Unión una propuesta para modificar la legislación federal. Esa decisión, difundida oficialmente el 10 de octubre, no significa que los policías ya tengan una nueva autorización para salir armados durante sus días libres. Se aprobó impulsar una reforma, no una licencia de aplicación inmediata. La diferencia importa, sobre todo para el agente que podría tomar una noticia como permiso.
Este hecho no es espontáneo, ya había existido un primer intento. Pero el 24 de marzo de 2025, al resolver la controversia constitucional 505/2023, la Suprema Corte invalidó la disposición de Baja California que autorizaba la portación fuera de servicio. Determinó que esa regulación correspondía a la Federación. Leer aquella resolución como una declaración de que los policías no necesitan protección sería equivocar el debate: el problema resuelto fue quién tenía facultades para legislar.
La legislación federal vigente exige la licencia correspondiente para portar armas y sujeta a los integrantes de las instituciones policiales a condiciones y requisitos legales (las famosísimas Licencias Oficiales Colectivas "LOCs"). Además, contempla licencias particulares cuya necesidad puede justificarse, entre otros motivos, por la ocupación de quien las solicita (que siempre han sido complicadas de conseguir, pero desde la administración federal pasada es más fácil encontrar un elefante morado que la aprobación de una licencia de portación individual). Por eso, la discusión debe centrarse en cómo construir una autorización específica, jurídicamente sólida y operable, sin confundirla con la portación institucional que ya existe.
En mi opinión (que nadie me pidió pero la externaré), abrir esa posibilidad es razonable. Si un elemento policial enfrenta riesgos y muchas veces amenazas por haber cumplido con su trabajo, el Estado debe ofrecerle opciones reales de protección. Sería difícil justificar que se le exija enfrentar riesgos en nombre de la sociedad y después se considere que su seguridad personal es un asunto ajeno a la institución en cuanto termina la jornada.
Sin embargo, existe una distancia enorme entre permitirle defenderse y dejarlo encargado de su propia supervivencia. La propuesta impulsada por el diputado Juan Manuel Molina García plantea una licencia individual especial. Según el comunicado del Congreso, incluiría capacitación continua, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas, revisión de antecedentes penales y disciplinarios, registro del arma y obligación de reportar incidentes. También contempla sanciones. Son elementos que merecen discutirse con seriedad; su valor dependerá de cómo se apliquen y supervisen (y la verdad, hasta ahí todo excelente, muchos compañeros y compañeras estarán de acuerdo conmigo que no habría ningún problema por tener controles respecto a esta posibilidad que permitiría mantener su seguridad y la de sus familias).
El tema aquí es que escribir “capacitación continua” resulta sencillo (en teoría porque en muchas entidades ni se cumple). Lo complicado es asignar instructores, instalaciones, municiones, tiempo de servicio y presupuesto. La reforma debería aclarar quién pagará todo eso. Si el policía tiene que cubrir de su bolsillo el entrenamiento, las evaluaciones y los trámites, la protección terminará dependiendo de su capacidad económica. Sin embargo, la verdad, es que, de nuevo la gran mayoría estaríamos de acuerdo en cubrir el costo de los cartuchos.
La preparación tampoco debería reducirse a acertarle a una silueta (las cartulinas no disparan de regreso). Propongo que incluya decisiones bajo presión, protección de terceros, medicina táctica, disparo en condiciones bajas de luz, manejo seguro, comprensión de las consecuencias jurídicas de intervenir entre otros. Un elemento policial que descansa viste de civil y está acompañado por su familia enfrenta circunstancias distintas a las de una intervención con compañeros, comunicación y respaldo operativo. La formación tendría que reconocer esa diferencia.
Pensemos en dos situaciones hipotéticas pero reales: 1) un policía fuera de servicio presencia una agresión mientras está con sus hijos. La pregunta profesional no puede limitarse a si lleva un arma. Debe incluir qué está ocurriendo, quiénes están expuestos y qué decisión ofrece mejores posibilidades de preservar vidas. Una política responsable tendría que prepararlo para resolver ese dilema, sin convertir cada momento de descanso en una obligación de actuar como si estuviera desplegado. 2) a veces la sociedad no se para a pensar el verdadero significado de la paranoia, pero los que hemos estado en servicio en policías municipales lo sabemos muy bien. Cuando trabajas en un estado o para la federación y existen amenazas o existió un evento de relevancia, por motivos de seguridad te pueden cambiar de estado o de región. Sin embargo, en un municipio eso no es posible…un elemento policial entra a una tienda en su día de descanso de la mano de su hija pequeña que le pidió un chocolate y de frente se encuentra a dos personas a las cuales detuvo por delitos contra la salud y la ley de armas de fuego y explosivos...igual no queda en mas de un intercambio de miradas…y si no? Como se va a defenderse a él y a su hija si no trae (como se dice coloquialmente) “¿con queso las quesadillas?”
También hacen falta reglas claras sobre resguardo domiciliario, consumo de alcohol, pérdida del arma, suspensión de la autorización y atención de señales de riesgo. Estos asuntos deberían quedar expresamente resueltos en el diseño normativo y operativo. La protección del agente debe considerar a quienes viven con él y a las personas con las que convive.
En ese terreno, la atención psicológica y salud mental merece algo mejor que una firma en un expediente. Debería haber acceso oportuno y confidencial a apoyo profesional, junto con procedimientos claros cuando sea necesario restringir temporalmente la portación. Pedir ayuda no tendría que convertirse, por sí mismo, en una marca de incapacidad. Hay que construir condiciones para que el personal busque atención antes de llegar a una crisis.
Ahora bien, ninguna de esas medidas sustituye el análisis de los riesgos así como la investigación de las amenazas. Si un policía informa que lo siguen, que conocen su domicilio o que han intimidado a su familia, la respuesta institucional debería (“debería…”) activar una evaluación de riesgo, medidas de protección y una investigación. Entregarle una autorización y desearle suerte sería una manera muy cómoda de trasladarle el problema.
La discusión federal tendría que incluir ese compromiso. ¿Quién recibe una alerta? ¿En cuánto tiempo debe responder? ¿Qué protección se ofrece a la familia? ¿Cuándo procede un cambio de adscripción? ¿Quién verifica que la amenaza se investigue? Son preguntas menos vistosas que una fotografía de la votación, pero mucho más útiles para quien teme no regresar a casa.
También convendría evitar una promesa que las fuentes revisadas no permiten sostener: que ampliar la portación reducirá, por sí sola, los asesinatos de policías. Para defender esa afirmación haría falta evaluar resultados, circunstancias y posibles efectos adversos. La intención de proteger es legítima; la eficacia debe comprobarse.
Por eso propondría acompañar cualquier reforma con seguimiento público: agresiones contra elementos policiales fuera de servicio, incidentes con armas autorizadas, robos o extravíos, daños a terceros y cumplimiento de la capacitación. Con protección de los datos personales, esa información permitiría corregir lo que falle. El éxito tendría que medirse en vidas protegidas, no solamente en licencias expedidas y desgraciadamente…esto ocurriría a través del tiempo transcurrido.
Felicidades al Estado de Baja California ha llevado una preocupación válida al ámbito donde puede discutirse una reforma federal. Vale la pena respaldar ese debate y exigirle profundidad. Los policías necesitan certeza jurídica, preparación y medios de defensa; también necesitan instituciones que respondan cuando están amenazados.
El turno termina. La responsabilidad del Estado hacia quienes arriesgan la vida a su servicio no debería terminar con él y la frase “cuidar a quien nos cuida” comienza a tomar mayor relevancia.
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