México podría llegar a 2026 con menos asesinatos que en la última década… peeeero no necesariamente más seguro

El gobierno mexicano declara que, desde el inicio de la administración de la presente administración federal iniciada en septiembre de 2024 y hasta noviembre de 2025, los homicidios diarios se redujeron alrededor de 37%, de casi 87 asesinatos al día a unos 55, según cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Organismos y analistas independientes han matizado ese optimismo: advierten sobre subregistros, reclasificación de delitos y el crecimiento paralelo de las desapariciones y la extorsión.

Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 muestra que más de una cuarta parte de los hogares (27.5%) fue víctima de algún delito en 2023 y que la percepción de inseguridad sigue siendo mayoritaria.

Con estos antecedentes, el pronóstico para 2026 apunta a un país donde la violencia letal podría descender en el promedio nacional, pero concentrarse aún más en ciertos territorios; donde la delincuencia organizada ejerza control fragmentado, pero eficaz, sobre economías locales; y donde la brecha entre los números oficiales y la experiencia cotidiana de la ciudadanía siga siendo motivo de desconfianza. Para poder entender mejor los escenarios probables de este año por iniciar, debemos entender cuatro factores clave:

1. Homicidios: tendencia a la baja, pero con “focos rojos”

En 2023, México cerró con una tasa aproximada de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos consolidados del Secretariado Ejecutivo y análisis de medios especializados. Aunque esa cifra sigue siendo muy alta, supone una ligera disminución respecto al pico observado entre 2018 y 2020. El Índice de Paz México 2023 ya advertía un escenario de “meseta violenta”: la tasa de homicidios en 2022 aún era 62.6% mayor que en 2015, pese a pequeños avances recientes.

Si las políticas actuales continúan (refuerzo operativo de la Guardia Nacional, despliegues militares focalizados, detenciones masivas y énfasis en inteligencia táctica) es razonable anticipar para 2026 una disminución adicional de los homicidios a nivel nacional, pero con tres matices:

1. Persistencia de “zonas de guerra” locales. Entidades como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima o Baja California han acumulado tasas de homicidio y eventos de violencia extrema que las colocan de forma recurrente en los primeros lugares del país.
2. Picos de violencia tras rupturas internas. La fragmentación de cárteles y grupos regionales genera ciclos de violencia abrupta cuando se rompe un equilibrio criminal o se disputa una plaza estratégica (puertos, cruces fronterizos, ciudades intermedias).
3. Homicidios que “desaparecen” de las estadísticas. Colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos subrayan que la baja en asesinatos convive con un aumento de la desaparición de personas y el hallazgo de sitios de exterminio, como el descubierto en 2025 en Teuchitlán, Jalisco.

El resultado probable: un 2026 con menor promedio diario de homicidios, pero con altísimos niveles de violencia en alrededor de 50 a 80 municipios clave, y con una cifra de personas desaparecidas que seguirá creciendo.

2. Delincuencia organizada: menos “megacárteles”, más gobernanza criminal local

Los análisis recientes sobre delincuencia organizada en México indican un cambio de modelo: menos estructuras monolíticas y más redes flexibles, que combinan tráfico de drogas con ambientales. Para 2026, es previsible que continúen al menos cinco tendencias:

• Economía criminal diversificada. La renta por drogas sintéticas (en particular el fentanilo y sus precursores) coexistirá con negocios altamente rentables como la extorsión a comercios, el cobro de piso, el control de cargas en carreteras y la captura de contratos públicos locales.
• Control territorial “silencioso”. En varios municipios –sobre todo en el sur-sureste y el corredor Pacífico– el objetivo de la delincuencia no será exhibir violencia espectacular, sino asegurar la lealtad forzada de autoridades municipales, policías y empresarios.
• Mayor uso de tecnologías baratas. El uso de drones, comunicación encriptada, minería ilegal de criptomonedas y ciberfraudes seguirá en aumento, aprovechando la debilidad regulatoria y de capacidades técnicas de las policías.
• Violencia política focalizada. Tras un ciclo electoral federal extremadamente violento en 2024, estudios sobre violencia política muestran una clara correlación entre presencia de delincuencia organizada y asesinatos o agresiones contra autoridades y candidatos. Aunque 2026 no es año de elección presidencial, sí habrá disputas locales por presupuestos, obras y mandos policiales; la violencia podría ser menos visible a nivel nacional, pero muy intensa en municipios estratégicos.
• Reclutamiento de jóvenes en contextos de precariedad. Sin cambios estructurales en educación, empleo y movilidad social, la delincuencia organizada mantendrá una ventaja comparativa: ofrece salario inmediato, sentido de pertenencia y un “proyecto de vida” (por más destructivo que sea) frente a la ausencia de oportunidades legales.

3. El eslabón más débil: policías municipales y estatales

Como ya hemos tocado en diferentes ocasiones en este espacio, diversos diagnósticos coinciden en que las policías locales son el punto crítico del sistema de seguridad mexicano. Este factor sigue considerándose “el eslabón más débil de la cadena de seguridad pública”, por sus bajos salarios, falta de capacitación, escasez de prestaciones, sobrecarga de trabajo y vulnerabilidad frente a la corrupción y la cooptación criminal.

Al mismo tiempo, ejercicios de diagnóstico estatales revelan brechas significativas en certificación, equipamiento y profesionalización, pese a algunos avances en control de confianza y formación continua. Organizaciones como México Evalúa han propuesto un “salario digno policial” y la consolidación de una carrera profesional que permita retener talento, reducir la rotación y blindar a los agentes frente a la captura criminal.

De cara a 2026 cabe anticipar un escenario mixto:

• Intervenciones y “limpias” de instituciones. Desde 2025 se han intensificado los procesos de desarme e intervención de policías municipales ligadas a corrupción o colusión con la delincuencia (simple y/u organizada), como parte del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 2025–2030. Es razonable esperar que esta tendencia continúe, sobre todo en municipios con indicadores de riesgo elevados.
• Brecha de capacidades entre estados. Algunas entidades que han invertido durante años en profesionalización, controles internos y tecnologías (como ciertos estados del norte y centro del país) mostrarán resultados más consistentes; otras seguirán dependiendo casi por completo de fuerzas federales.
• Guardia Nacional como “parche” permanente. Mientras no se consoliden policías locales fuertes, la Guardia Nacional continuará asumiendo tareas de seguridad de proximidad para las que no fue diseñada originalmente, sosteniendo una militarización de facto del espacio público.

En resumen, en 2026 la seguridad cotidiana que perciba la ciudadanía seguirá dependiendo, sobre todo, de la solidez o fragilidad de su policía municipal y estatal.

4. Víctimas, justicia y desapariciones: el gran pendiente

Aunque se logren reducir los homicidios, la calidad del sistema de justicia penal será determinante para evaluar la seguridad real del país. Un informe de Human Rights Watch de 2025 documenta cómo el sistema de justicia mexicano sigue fallando tanto a víctimas como a personas acusadas, con investigaciones incompletas, uso excesivo de la prisión preventiva y estándares deficientes de debido proceso.

En el terreno de la desaparición de personas, la cifra acumulada supera las 120 mil personas no localizadas, con estados como Jalisco en el centro de la crisis. El hallazgo de sitios de exterminio y fosas clandestinas seguirá marcando la agenda pública en 2026, aun si los homicidios registrados disminuyen.

La ENVIPE 2024 revela, además, un dato preocupante para cualquier pronóstico: un amplísimo subregistro. La mayoría de los delitos no se denuncian por desconfianza, pérdida de tiempo o miedo a represalias. Mientras esa “cifra negra” no se reduzca, cualquier descenso de los indicadores oficiales deberá tomarse con prudencia.

El reto para 2026 será menos “hacer bajar la gráfica” y más reconstruir la confianza: que las personas perciban que denunciar vale la pena, que el Estado responde y que el paso por el sistema de justicia no se convierte en una segunda victimización.

Con base en las tendencias descritas, pueden bosquejarse tres escenarios plausibles para la seguridad en México en 2026:

a) Escenario inercial (el más probable)

• El promedio nacional de homicidios baja moderadamente respecto a 2023–2024.
• La violencia se concentra en un conjunto relativamente estable de municipios, muchos de ellos en el Bajío, el Pacífico y la frontera norte.
• La Guardia Nacional sigue siendo la principal fuerza visible en calles y carreteras, mientras las policías locales avanzan de manera desigual en profesionalización.
• La extorsión, el cobro de piso y los delitos patrimoniales mantienen alta la victimización y la percepción de inseguridad.
• La crisis de desapariciones se mantiene sin ruptura clara, con hallazgos periódicos que conmocionan a la opinión pública, pero sin una política de Estado verdaderamente integral.

b) Escenario de mejora relativa (el que nos gustaría)

Este escenario requiere que en 2025–2026 se aceleren reformas ya en curso:

• Convergencia real entre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y la política de seguridad federal, con incentivos presupuestales claros para profesionalizar policías locales.
• Fortalecimiento de fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República en capacidades de investigación financiera, inteligencia criminal y litigación estratégica.
• Políticas focalizadas de prevención social en los municipios de mayor riesgo, con metas verificables en reducción de reclutamiento juvenil por grupos criminales.
• Transparencia en cifras de homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto, con mecanismos externos de auditoría estadística.

De materializarse, México podría no solo tener menos homicidios en 2026, sino también una ligera mejora en indicadores de percepción de seguridad, confianza en instituciones y cohesión social.

c) Escenario de deterioro focalizado

También existe el riesgo de una reversión parcial:

• Reacomodos violentos entre grupos criminales tras capturas de líderes o rupturas de pactos locales.
• Fatiga operativa y política en el despliegue permanente de fuerzas federales, sin relevo efectivo de policías locales.
• Aumento de la violencia política local alrededor de disputas por presupuestos, concesiones, obras públicas y control policial.
• Crisis económicas regionales que hagan más atractivo el reclutamiento criminal para jóvenes y trabajadores precarizados.

En este escenario, el país podría seguir exhibiendo un descenso agregado de homicidios, pero con estallidos de violencia extrema que desborden regiones completas.

Lo que habrá que mirar en 2026

Para evaluar con honestidad cómo evoluciona la seguridad en nuestro país durante el 2026, será indispensable ir más allá de la cifra de homicidios y seguir de cerca al menos cinco indicadores:

a) Concentración territorial de la violencia. No solo cuántos asesinatos hay, sino en cuántos municipios se concentran y qué tan sostenidos son los picos de violencia.

b) Extorsión y delitos patrimoniales. Son el termómetro más directo de la vida cotidiana de comercios, transportistas y familias. Si estos delitos no bajan, difícilmente la ciudadanía sentirá mejoras.

c) Desapariciones y hallazgos forenses. Más que un dato estadístico, son la prueba más cruda de la capacidad (o incapacidad) del Estado para proteger la vida e investigar la muerte.

d) Profesionalización policial local. Niveles de certificación, salarios, controles internos, modelo de proximidad y justicia cívica serán indicadores clave para saber si se está construyendo seguridad sostenible desde abajo.

e) Confianza ciudadana en instituciones de seguridad y justicia. Las encuestas como ENVIPE y los ejercicios trimestrales de percepción de seguridad del INEGI serán una brújula indispensable.

Para cerrar esta última colaboración del 2025, en 2026, México podrá presumir gráficas a la baja. Pero la verdadera medida de su seguridad será otra: qué tanto se reduce el miedo a salir de casa, a abrir un negocio, a denunciar un delito, a ser mujer joven en un territorio disputado, a ejercer un cargo público sin convertirse en objetivo.

La estadística dirá una parte de la historia. El resto seguirá escribiéndose, día a día, en las calles de los municipios donde se juega (para bien o para mal) el futuro de la seguridad en el país.

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