En las últimas dos décadas, el fenómeno de la delincuencia organizada en México ha evolucionado desde estructuras jerárquicas relativamente definidas hacia redes delincuenciales más fragmentadas, violentas y con una profunda penetración en ámbitos económicos, sociales y políticos. Diversos diagnósticos coinciden en que el problema no es únicamente la presencia de cárteles, sino el ecosistema de impunidad que les permite operar. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el país mantiene niveles estructuralmente altos de impunidad, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian o no se investigan, lo que limita cualquier estrategia de seguridad basada únicamente en la acción policial.
Al mismo tiempo, informes de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos (UNODC) y análisis del International Crisis Group señalan que los grupos delincuenciales mexicanos han diversificado sus actividades: del narcotráfico tradicional hacia la extorsión, el control territorial, el tráfico de personas y el lavado de dinero en sectores legales. Este proceso ha convertido a los cárteles en estructuras híbridas con influencia social, económica y política.
Ante este panorama, la discusión central no es si México debe "combatir" a los cárteles, sino cómo diseñar una estrategia realista que reduzca su poder estructural y, al mismo tiempo, disminuya la impunidad que alimenta su expansión. A partir de la evidencia disponible y de experiencias internacionales comparables, pueden identificarse tres posibles rutas estratégicas. La política en materia de seguridad que la actual administración federal ha marcado entierra, en las acciones (mas no en el discurso), la aberración de la pasada administración presidencial de "abrazos y no balazos" que dejó una estela de muertos, desaparecidos y desplazados sin contar a todos aquellos compañeros de las fuerzas armadas e instituciones policiales que lamentablemente perdieron la vida y a los cuales se les debe un merecido reconocimiento por hacer el máximo sacrificio en aras de un México más seguro.
Estrategia integral contra las finanzas delincuenciales
Uno de los principales consensos en la literatura sobre delincuencia organizada es que seguir el dinero suele ser más efectivo que perseguir únicamente a los operadores armados. La Financial Action Task Force ha advertido que las redes delincuenciales sobreviven porque logran integrar ganancias ilícitas en la economía formal mediante complejas estructuras de lavado de activos.
En México, diversas investigaciones periodísticas y judiciales han documentado el uso de empresas fachada, desarrollos inmobiliarios, comercio internacional y sistemas financieros paralelos para blanquear recursos del narcotráfico. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han avanzado en el congelamiento de cuentas y la identificación de operaciones sospechosas, pero los resultados aún son limitados frente al volumen de capital ilícito que circula en el país.
Una estrategia centrada en las finanzas delincuenciales implicaría:
- Ampliar las capacidades de inteligencia financiera
- Fortalecer la cooperación internacional en materia de rastreo de capitales
- Investigar redes empresariales y no sólo células armadas
- Acelerar los procesos de extinción de dominio
Experiencias como la lucha contra la mafia italiana muestran que los golpes económicos sostenidos pueden debilitar estructuralmente a organizaciones delincuenciales, reduciendo su capacidad operativa incluso sin confrontaciones que conlleven el uso de la fuerza.
Reconstrucción institucional y reducción de la impunidad
El segundo frente estratégico es probablemente el más complejo: la reforma profunda de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el delito.
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, elaborado por México Evalúa, muestra que muchas fiscalías en el país enfrentan problemas estructurales: escasez de personal, baja capacidad investigativa, saturación de casos, altos niveles de corrupción y limitada autonomía frente a presiones políticas (naaaaa esto si no lo creo).
El resultado es un sistema donde la probabilidad de castigo es extremadamente baja (por no decir casi nula). Según datos del INEGI, apenas una fracción mínima de los delitos denunciados termina en una sentencia condenatoria.
Una estrategia de reconstrucción institucional requeriría:
- Profesionalizar ministerios públicos e investigadores
- Fortalecer capacidades forenses y análisis criminal
- Mejorar la coordinación entre policías, fiscalías y tribunales
- Reducir la corrupción dentro de los sistemas de justicia
Sin un sistema de justicia eficaz, cualquier estrategia policial se vuelve limitada (por no decir estéril). La delincuencia organizada prospera precisamente donde la probabilidad de castigo es baja y la capacidad estatal de investigación es débil.
Recuperación territorial y legitimidad social
El tercer escenario estratégico tiene que ver con un factor frecuentemente subestimado: la legitimidad del Estado en los territorios donde operan los cárteles.
Diversos estudios del Wilson Center y de la Brookings Institution señalan que muchos grupos delincuenciales han logrado consolidar su presencia no sólo mediante violencia, sino también mediante mecanismos de control social, provisión de empleos ilegales y sustitución parcial de funciones del Estado.
En algunas regiones, la población convive cotidianamente con estructuras delincuenciales porque las instituciones estatales son débiles (en muchos casos, ausentes), distantes o percibidas como corruptas.
Por ello, una estrategia de recuperación territorial implicaría:
- Presencia policial profesional y permanente
- Inversión social en zonas de alta violencia
- Programas de prevención focalizada para jóvenes
- Reconstrucción del tejido comunitario
Experiencias en ciudades como Medellín o Palermo muestran que la reducción de la violencia delincuencial requiere simultáneamente seguridad, justicia y desarrollo social.
Entre la confrontación y la reconstrucción
El debate público en México suele oscilar entre dos extremos: la militarización total de la seguridad o la expectativa de soluciones exclusivamente sociales. Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que el desmantelamiento de organizaciones delincuenciales complejas requiere una estrategia multidimensional.
En términos prácticos, el Estado mexicano enfrenta un desafío histórico: reducir la violencia y la delincuencia sin reproducir ciclos de confrontación que fragmenten aún más a la delincuencia organizada. La captura o abatimiento (según sea el caso) de líderes delincuenciales puede tener impacto inmediato, pero también ha demostrado generar procesos de fragmentación que multiplican los focos de violencia.
El verdadero punto de inflexión no depende únicamente de operaciones espectaculares, sino de la capacidad institucional para investigar, procesar y sancionar de forma sostenida a las redes delincuenciales y a sus aliados financieros y políticos.
México no enfrenta únicamente un problema de seguridad. Enfrenta un problema de gobernanza del Estado frente a la delincuencia organizada.
La diferencia entre prolongar el ciclo de violencia o comenzar a desmantelar realmente a los cárteles dependerá de si las políticas policiológicas, criminológicas y públicas logran pasar de la reacción táctica a la construcción estratégica de instituciones capaces de reducir la impunidad.
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