En los últimos meses, México ha intensificado su ofensiva contra el crimen organizado, enterrando tácitamente la que quizá haya sido la política más dañina en materia de seguridad en México: “abrazos, no balazos” logrando avances significativos en operativos y detenciones que nadie puede poner en tela de duda.
Sin embargo, estos esfuerzos también han revelado desafíos persistentes en materia de inteligencia, contrainteligencia y controles de confianza en las fuerzas de seguridad.
Avances recientes en la lucha contra el crimen organizado.
El gobierno mexicano ha llevado a cabo operativos de alto impacto, como el realizado por la Marina en Huitzontla, Michoacán, donde fueron abatidos 12 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detenidos nueve más, incluyendo exmilitares colombianos. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 78 personas vinculadas a grupos criminales en el primer trimestre de 2025.
Además, la "Operación Frontera Norte" ha resultado en la detención de 3,280 personas y el aseguramiento de más de 31 toneladas de drogas y miles de armas, cifras que, a poco más de seis meses de la actual administración ya rebasan lo logrado en la administración federal anterior.
Estas acciones reflejan una estrategia más agresiva, coordinada y sobre todo efectiva en la lucha no solo en contra del narcotráfico, sino de la delincuencia organizada en general.
El papel crucial de la inteligencia y contrainteligencia
La eficacia de estos operativos depende, en gran medida, de la calidad de la inteligencia y contrainteligencia. La identificación y seguimiento de líderes criminales, así como la infiltración de redes delictivas, requieren capacidades técnicas y humanas avanzadas. Sin embargo, la falta de coordinación entre agencias, la limitada inversión en tecnología de punta y un modelo de ciclo de inteligencia anacrónico desde hace 24 años han sido obstáculos persistentes.
La reciente polémica sobre la participación de agentes estadounidenses en operativos en Sinaloa y Jalisco ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales de inteligencia y contrainteligencia para evitar dependencias externas y preservar la soberanía.
Controles de confianza sobre elementos policiales: avances y desafíos
Los controles de confianza son esenciales para garantizar la integridad de las fuerzas de seguridad. Según datos oficiales, al 28 de febrero de 2025, el 99% del personal operativo y el 98% de los mandos han sido evaluados, con un 93% y 90% de aprobados vigentes, respectivamente.
Sin embargo, aún persisten casos de infiltración y corrupción, lo que indica la necesidad de fortalecer estos mecanismos y asegurar su aplicación uniforme en todas las entidades federativas y deben cubrir al total de los elementos, es decir, no solo enfocarse al 100% de los elementos en operaciones, sino que también al 100% de los que se encuentran en actividades gerenciales, es decir, lo mandos.
Otra “pata chueca de la mesa” es garantizar que solo el personal que está aprobado en controles de confianza pueda ser capacitado con el fin de disminuir las probabilidades de filtración de información sensible. Además de poder contar con el personal adecuado y necesario para poder dar seguimiento socioeconómico a los mismos con el fin de detectar actividades de corte financiero que, de no tener una explicación, podrían ser constitutivas de algún delito.
Implicaciones políticas y sociales
Las acciones contra el crimen organizado también tienen implicaciones políticas y sociales. La extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo a figuras prominentes como Rafael Caro Quintero, ha sido interpretada como una respuesta a las presiones del gobierno estadounidense y ha generado debates sobre la soberanía nacional y la eficacia de estas medidas.
Además, la denuncia del gobierno mexicano sobre la supuesta liberación de más de 100 criminales por parte de jueces federales ha evidenciado tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y ha resaltado la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia. Pero es aquí donde la pregunta maliciosa brinca: ¿Es culpa de los jueces? ¿Es culpa de los Ministerios Públicos? ¿de los Policías? ¿O será que hay serias deficiencias en materia de capacitación y profesionalización de todo el conjunto de operadores del sistema de justicia?
La lucha contra el crimen organizado en México ha mostrado avances significativos en términos de operativos y detenciones. No obstante, para consolidar estos logros, es fundamental fortalecer las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, así como garantizar la integridad y profesionalismo de las fuerzas de seguridad mediante controles de confianza efectivos. Solo a través de un enfoque integral, coordinado y con el fortalecimiento de las policías locales se podrá avanzar hacia una seguridad duradera y el fortalecimiento del Estado de derecho.