Entre los disturbios (muchos de ellos violentos) generados por la ola de detenciones hacia migrantes en Estados Unidos, las burlas de parte del presidente del senado mexicano por los aranceles del 15% a remesas de paisanos, que generó un probable aumento del 5% extra (para que se siga haciendo el chistoso), y el reto por parte de una dirigente de Morena en Jalisco para que le cancelen su visa (aunque la tiene ya vencida), se han pasado de largo algunos sucesos que, aparte de interesantes, prenden las alarmas en materia de seguridad y son dignos de seguimiento.
El pasado 7 de junio, el comandante de la 35 Zona militar, el general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Jorge Nieto Sánchez, informó que personal militar localizó y destruyó cuatro hectáreas con plantas de coca en Quechultenango, en la región centro de Guerrero.
Este suceso es por mucho nada nuevo, ya desde el descubrimiento del primer caso en un no muy lejano 2021, InSight Crime viene reportando una tendencia ascendente en los cultivos de hoja de coca descubiertos y destruidos. En ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la otrora célebre “Conferencia Mañanera” que los grupos criminales estaban “experimentando con el cultivo de coca”.
¿Por qué se dijo esto? Bueno, la verdad es que la planta de coca o erythroxylum coca (del quechua: kuka) tenía unos requisitos muy específicos para poder subsistir como la altura y características del suelo.
Belen Boville Luca de Tena, en su obra “La guerra de la cocaína: Drogas, geopolítica y medio ambiente” hace una excelente cronología de la problemática de la coca desde que Estados Unidos intentó reproducir la planta en Costa Rica a través de un equipo dirigido por Mauricio Mamani después de haberse aprobado el Drugs Act norteamericano en 1986.
Sin embargo, en esos tiempos y con la biotecnología de la época no se pudo cultivar la coca fuera de su ecosistema natural, lo que generó la contención del territorio de producción de la hoja de coca en la zona andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia).
Casi 40 años después, esta brecha biotecnológica fue sorteada y el estado de Guerrero ha sido elegido por los grupos de la delincuencia organizada por ser el laboratorio que permita a los narcotraficantes mexicanos desplazar a los cocaleros sudamericanos con la intención de disminuir riesgos y logística sembrando la coca desde México, lo que también maximizaría el margen de beneficios.
A ojos del Dr. Noam López, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pese a que la superficie de cultivos se ha triplicado, desgraciadamente en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, el tema de la coca no está ya en la agenda política desde la pandemia, lo que es una aceptación tácita de que el problema está ahí, pero desgraciadamente, no se encuentra ya en el debate público lo que se enfila a una peligrosa normalización.
Ahora bien, cabe destacar que las autoridades mexicanas han realizado acciones concretas para que este desplazo en la producción (en primera instancia de la hoja de coca y por ende del clorhidrato de cocaína) no sea posible, desgraciadamente en lo mediático de drogas como las metanfetaminas y el fentanilo les han quitado protagonismo a las acciones en contra de la coca “versión mexicana”.
Esperemos que el apoyo a las acciones que se desarrollan en contra de los intentos para producir cocaína en suelo mexicano continúe y que no se dirijan única y exclusivamente en contra del fentanilo.
Es cierto que nuestro país tiene muchos frentes abiertos que debe cubrir y al menos en este, se han dado buenos resultados que, desgraciadamente, no han sido informados con la espectacularidad de otros temas. No obstante, no deja de ser un problema real y un riesgo inminente.
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