En nuestro país, la biodiversidad no solo es un patrimonio natural: es un activo estratégico para la estabilidad ecológica, la economía y la seguridad nacional. Sin embargo, hoy enfrenta una amenaza silenciosa y en expansión: la venta ilegal de fauna silvestre a través de internet y el desdén del público en general que piensa que delincuencia organizada tiene que ver únicamente con sicarios, balazos y drogas (cosa de películas pues). Sin embargo, nada más lejos de la realidad, según la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional llevada a cabo en el año 2000 y en vigor desde el 2003, la delincuencia organizada (para poder ser llamada así) debe cumplir 4 supuestos (según el Art. 2 de dicho instrumento): 1) Grupo Estructurado.- No requiere membresía formal o jerarquías elaboradas, pero debe tener organización; 2) Tres o más personas. Es el número mínimo de integrantes; 3) Duración en el tiempo.- El grupo debe existir durante cierto tiempo, no ser ocasional; y 4) Propósito de beneficio material.- Actúa concertadamente para cometer delitos graves con el fin de obtener beneficios económicos u otros beneficios de orden material. Por lo que esta modalidad de comportamiento delincuencial , en muchas ocasiones encaja en “Delincuencia Organizada"

Lejos de los mercados tradicionales o del tráfico físico visible de animales, el fenómeno ha migrado hacia redes sociales, plataformas digitales y foros especializados. De acuerdo con investigaciones académicas y reportes institucionales, la mayoría de las transacciones ilegales de especies ya se realiza en entornos digitales, donde la anonimidad y la baja capacidad de supervisión facilitan el delito.

Este cambio no es menor. Representa una sofisticación del delito ambiental que lo acerca a las lógicas de la delincuencia organizada contemporánea: descentralizada, transnacional y altamente adaptable.

El tráfico ilegal de fauna y flora no es un delito marginal (más no por ello desdeñable). Es de hecho, uno de los mercados ilícitos más grandes del mundo, solo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas, con un valor estimado de hasta 17 mil millones de dólares anuales (Ah verdad!, ¿qué pensó? ¿3 pesos? Pues no).

México, como país megadiverso, ocupa un lugar crítico en esta dinámica. Debido a esta circunstancia se genera una “bendición contradictoria”. Es un paraíso para los mexicanos que respetan y cuidan la naturaleza, pero también lo es para aquellos que se aprovechan de ella. Es fuente, tránsito y mercado. Especies como pericos (las aves, no los vagos desquehacerados de por su cuadra), guacamayas, reptiles, primates (monos, no es alusión a algún miembro de la familia con ciertas características) e incluso insectos son capturados, vendidos y transportados sin control.

Aquí el problema se agrava por la lógica digital ya que cualquier persona puede ofertar especies mediante perfiles falsos, la trazabilidad es prácticamente inexistente y en muchas ocasiones las autoridades carecen del interés o estructura técnica para poder darle seguimiento; y la demanda internacional de ciertas especies animales eleva (y mucho) los precios y profesionaliza las redes.

Incluso especies en riesgo (como algunos reptiles del género Abronia) son comercializadas en portales internacionales, poniendo en peligro su supervivencia y su función ecológica. El impacto del tráfico ilegal de fauna no se limita a la pérdida de especies. Es un fenómeno con efectos sistémicos que nos afecta a todos por igual:

a) Desequilibrio ecológico.- Cada especie cumple una función específica: control de plagas, polinización, dispersión de semillas. Su extracción rompe cadenas tróficas (palabra dominguera que expresa el proceso de transferencia de energía y nutrientes entre los seres vivos a través de la alimentación en un ecosistema) completas. Por ejemplo, la desaparición de reptiles insectívoros puede provocar plagas agrícolas, afectando directamente la producción de alimentos afectando a los seres humanos.

b) Riesgo para la seguridad alimentaria.- La alteración de ecosistemas impacta actividades como la pesca y la agricultura. La sobreexplotación de especies marinas —como la totoaba— afecta no solo la biodiversidad, sino economías regionales enteras.

c) Salud pública y zoonosis.- El manejo ilegal de fauna incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas de animales a humanos, un fenómeno ampliamente documentado en mercados ilegales globales (recuerden el mega rollo que se tiene con el gusano barrenador).

d) Fortalecimiento de la delincuencia organizada.- Este mercado ilícito comparte rutas, estructuras y mecanismos financieros con otras economías delincuenciales. No es casualidad: es parte de una diversificación delictiva.

El marco jurídico mexicano existe. El tráfico de especies está tipificado como delito federal y puede sancionarse con privación de la libertad. Sin embargo, el problema no es la norma, sino su implementación.

Las investigaciones señalan tres debilidades estructurales:

• Insuficiente vigilancia digital
• Limitada capacidad de inteligencia ambiental
• Escasa coordinación con plataformas tecnológicas

Frente a ello, los especialistas proponen acciones concretas:

1. Ciberpatrullaje ambiental.- El Estado debe incorporar capacidades tecnológicas (incluyendo ahora inteligencia artificial) para detectar y desarticular redes en línea.

2. Coordinación interinstitucional.- PROFEPA, Guardia Nacional, SEMARNAT y fiscalías deben operar bajo esquemas de inteligencia compartida.

3. Alianzas con empresas tecnológicas.- Es indispensable establecer convenios con plataformas digitales para bloquear, rastrear y eliminar contenido ilegal.

4. Investigación delictiva avanzada.- El tráfico de fauna debe abordarse como delincuencia organizada, no como una infracción ambiental menor.

La venta ilegal de fauna silvestre en internet no es un fenómeno aislado ni menor, es una amenaza multidimensional: ambiental, económica, sanitaria y de seguridad. México enfrenta un punto de inflexión: “o fortalece su capacidad institucional para combatir este delito en su nueva dimensión digital, o permitirá que su biodiversidad (uno de sus mayores activos estratégicos) se diluya en el mercado clandestino global”. Estamos frente a un delito que evoluciona más rápido que las instituciones de prevención del delito y procuración de justicia. Y en ese desfase, la naturaleza (y la sociedad) están pagando el costo.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex