En el horizonte de la seguridad mexicana recae un error persistente: tratar al país como si fuera una plancha uniforme donde aplicar la misma receta en cada rincón. Hablamos de territorios tan distintos entre sí como una comunidad indígena en la Sierra Madrense, un corredor industrial en el Bajío o una zona urbana de alta densidad en la periferia de la CDMX. En ellas, los factores que generan violencia, delincuencia, desconfianza y desequilibrio social difieren. Sin embargo, nuestras políticas policiológicas y criminológicas (por omisión, por centralismo administrativo o la neta por pura necedad) frecuentemente ignoran ese hecho. Es necesario plantear con firmeza que las estrategias de seguridad deben diferenciarse por región, en lugar de centralizarse bajo un solo modelo para todo el país.

El tejido territorial de México muestra con claridad que la criminalidad no está distribuida homogéneamente además de mutar constantemente. Algunas regiones concentran buena parte de los homicidios, las desapariciones forzadas o las extorsiones, mientras que otras sufren más robos, violencia doméstica o inseguridad cotidiana. Hacer caso omiso de esa diversidad equivale a aplicar medicina para la gripe cuando el paciente tiene neumonía.

El propio documento oficial Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024 2030 reconoce que “se desarrollarán estrategias focalizadas según la naturaleza de los problemas locales y regionales, comenzando por los territorios más violentos”. Además, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las entidades federativas tienen atribución para “formular, dirigir y coordinar la estrategia de seguridad pública de la entidad federativa, en concordancia con la Estrategia Nacional”. Esto implica jurídica, estratégica y operativamente que la descentralización no solo es deseable, sino obligatoria.

Las razones para separar enfoques regionales no son meramente administrativas, sino operativas, culturales y de gobernabilidad. Algunas de las más relevantes:

• Contexto social y cultural: cada región tiene sus propias dinámicas sociales (etnografía, migración, economía informal, tradiciones comunitarias), lo cual exige intervenciones distintas. Un programa de proximidad policial que funcione en un barrio urbano de la Zona Metropolitana difícilmente será replicable en una comunidad rural con mayor heterogeneidad indígena.

• Delincuencia organizada y modalidades delictivas: las organizaciones delincuenciales ajustan sus negocios según la geografía: una zona de paso fronteriza enfrenta tráfico de armas, migrantes o drogas; una zona turística enfrenta robo, extorsión o violencia de proximidad; una zona urbana densa enfrenta pandillas y violencia juvenil. No todos los territorios necesitan la misma “herramienta” de intervención.

• Capacidad institucional local: las instituciones policiales estatales o municipales tienen diferentes capacidades de profesionalización, tecnología, recursos humanos. Un modelo centralizado que asume uniformidad puede dejar fuera a las instituciones que operan con menor soporte técnico o menor autonomía local. En ese sentido, investigaciones señalan que “la centralización y profesionalización mitigan el impacto de la victimización del crimen y la corrupción policial sobre la opinión pública” (lo cual implica que sin reconocer las diferencias institucionales se pierde legitimidad).

• Legitimidad y participación ciudadana: cuando la seguridad se diseña sin conectar con la realidad local, el resultado es desconfianza y falta de colaboración ciudadana. Por el contrario, modelos que fortalecen la policía comunitaria o de proximidad, adaptada a condiciones regionales, favorecen un vínculo más cercano con la población.

Trabajar con estrategias diferenciales no implica abandonar la coordinación nacional (al contrario), pero sí dar flexibilidad para que cada entidad y municipio coloquen en su centro aquello que realmente los afecta. Algunos elementos clave que deben tomarse en cuenta son: a) un diagnóstico local profundo basado en evidencias, b) diseño territorial, c) capacitación y especialización local (no es lo mismo operar en una ciudad que en una zona rural), d) evaluación flexible rendición de cuentas (para que no digan que Chuchita la bolsearon) así como e) coordinación federal-estatal-municipal (hacer un verdadero equipo sin egos).

Si no se realizan estrategias descentralizadas se crearían varias vulnerabilidades, tales como:

• Desajuste operativo: aplicar recursos y metodologías equivocados para la realidad concreta, lo cual genera desperdicio de tiempo, dinero y desgaste institucional (circunstancia super recurrente en la realidad).

• Deslegitimación local: la población percibe que la estrategia no responde a lo que vive; si la policía actúa sin entender la región, hay resistencias o desconexión, lo que redunda en impunidad y en menor colaboración ciudadana (pero los mandos policiales o las autoridades locales dicen bien contentas: “pero así bajo el delito en Kuala Lumpur”).

• Ineficacia ante adaptabilidad delincuencial: las organizaciones delincuenciales se mueven y evolucionan; un sistema rígido y homogéneo es más vulnerable frente a tácticas flexibles de la delincuencia organizado (en mi tierra se dice: “te agarran con los pantalones abajo”.

• Desigualdad territorial en seguridad: algunas regiones podrían quedar desamparadas porque el programa nacional no les brinda prioridad o recursos suficientes, profundizando brechas de injusticia (como en el punto número uno…esto es todos los días).

Para lograr una verdadera implementación de estrategias regionales diferenciadas se requiere voluntad política, profesionalización de los mandos, cooperación interinstitucional y persistencia. Aquí tres recomendaciones clave:

1. Desconcentrar sin dispersar: asegurar que la autoridad nacional no pierda la coordinación y los estándares mínimos, pero que deje espacio para que las entidades federativas adapten los programas a su realidad.

2. Fomentar cultura de evaluación local: instrumentos de seguimiento deben ajustarse a cada contexto (tasas por tipo de delito, percepción ciudadana, índice de confianza policial) y permitir ajustes rápidos.

3. Invertir en capacidades regionales: no es suficiente la cantidad de policías; es indispensable su profesionalización, equipamiento, formación en inteligencia, prevención, proximidad comunitaria. La investigación “Effective law enforcement and human security in Mexico” destaca que la eficacia policial es requisito para garantizar seguridad humana, especialmente en regiones con fuerte presencia de la violencia y la delincuencia.

Cuando miramos el mapa de México, vemos no una sola cara, sino muchas: litorales turísticos, fronteras activas, comunidades indígenas, zonas metropolitanas densas, cinturones industriales, zonas agrícolas vulnerables. Atender cada una con la misma receta de seguridad es una invitación al fracaso. Tomar en serio las condiciones locales, adaptar los instrumentos, involucrar a la ciudadanía, fortalecer la policía regional y conectar todo ello con la coordinación nacional: ese es el camino para que la promesa de seguridad pública deje de ser retórica y se traduzca en realidades diversas pero integradas. Solo así la estrategia será no solo nacional… sino verdaderamente territorial, eficaz y legítima.

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