Armas por fentanilo: el crimen mexicano empieza a jugar en otra liga

Durante décadas se describió buena parte del problema delincuencial entre México y Estados Unidos con una ecuación bastante sencilla: las drogas suben y las armas bajan. No era una frase hecha. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos norteamericana (ATF) ha documentado sistemáticamente el tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México y el papel de la frontera suroeste dentro de esas redes. Este un fenómeno real, vigente y que continúa siendo uno de los puntos más delicados de la relación bilateral.

Pero algo acaba de ocurrir que obliga a ampliar el mapa. El pasado 11 de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación contra cuatro mexicanos probablemente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta ahí podría parecer otro expediente relacionado con narcotráfico, sin embargo, lejos dista de serlo.

Según los fiscales estadounidenses, Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y José Miguel Alvarado Morales probablemente participaron en una operación para obtener armamento procedente de la República Checa destinado a México. Dos de los acusados, ya fueron extraditados a Estados Unidos y los otros permanecen sujetos a procesos de extradición. Como corresponde jurídicamente señalar, reiteramos que estamos hablando de una acusación: los imputados conservan la presunción de inocencia mientras los hechos no sean probados ante un tribunal.

Lo verdaderamente preocupante está en los detalles. La acusación sostiene que los involucrados negociaron ametralladoras, lanzagranadas propulsados por cohete, morteros, municiones y otros pertrechos. Según el Departamento de Justicia, las armas serían utilizadas contra organizaciones rivales, civiles y miembros de las fuerzas policiales y militares mexicanas.

Peeeeeeeero en este tema, todavía falta la parte más interesante de la historia, el pago ("el cochino dinero que todo lo corrompe" dijese una tía amargada que tengo) Los probables operadores habrían ofrecido fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense como contraprestación por las armas. Ahí cambia todo, es en este pequeño detalle donde "la puerca tuerce el rabo". Ya no tenemos únicamente el conocido circuito Estados Unidos-México. Tenemos una operación que conecta a México, Estados Unidos y Europa dentro de una misma cadena delincuencial: drogas mexicanas destinadas al mercado estadounidense utilizadas como moneda para conseguir armamento europeo que eventualmente terminaría nuevamente en México.

Eso es mucho más que narcotráfico, es una muestra de cómo algunas organizaciones delincuenciales mexicanas están aprendiendo a funcionar como redes transnacionales diversificadas. Durante años se cometió el error de imaginar a los cárteles como organizaciones dedicadas esencialmente a transportar drogas. Pero el CJNG, al igual que otras estructuras delincuenciales, hace tiempo dejó atrás ese modelo.

En julio, el mismo Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas con la organización, en lo que describió como la mayor acción emprendida hasta ese momento contra el CJNG.

La imagen del narcotraficante tradicional comienza a quedar vieja... estereotipada. Hoy estamos frente a estructuras con proveedores, intermediarios financieros, empresas, operadores logísticos, mercados internacionales y capacidad para diversificar actividades ilegales.

Y ahora aparece otro elemento: proveedores internacionales de armamento, esto plantea tres problemas para México:

1. El geográfico. Durante años nuestra discusión sobre armas se concentró, justificadamente, en Estados Unidos. El problema continúa ahí. Pero el caso europeo demuestra algo bastante elemental sobre cualquier mercado ilícito: cuando existe demanda, aparecen proveedores alternativos. Si las autoridades estadounidenses consiguieran reducir significativamente el tráfico ilegal de armas hacia México, eso no significa necesariamente que las organizaciones delincuenciales dejarían de buscarlas, buscarían en otro lugar y aparentemente algunas ya comenzaron a hacerlo (es herramienta de trabajo y a eso se dedican... un delinquir).
2. El económico. La operación descrita por los fiscales estadounidenses plantea un mecanismo particularmente interesante: utilizar drogas como moneda de cambio. Tradicionalmente imaginamos el negocio del narcotráfico mediante dos secuencias sencillas: a) droga, venta, dinero, lavado y reinversión ó b) drogas, armas y violencia.
3. El armamento. No estamos hablando exclusivamente de pistolas o rifles adquiridos mediante prestanombres. Estamos hablando, de acuerdo con la acusación estadounidense, de ametralladoras, morteros y lanzagranadas. Eso no convierte automáticamente a un cártel en un ejército ni significa que tenga capacidades equivalentes a las Fuerzas Armadas. Exagerarlo sería irresponsable. Pero sí muestra el interés de determinadas estructuras delincuenciales por aumentar cualitativamente su capacidad de fuego. Y eso debería preocupar especialmente a nuestras policías en México (que sufren por la cantidad y calidad del equipo de trabajo).

Mientras algunas organizaciones delincuenciales diversifican ingresos, internacionalizan proveedores, incorporan drones y buscan armamento cada vez más sofisticado, buena parte de nuestras policías municipales continúa enfrentando problemas elementales: bajos salarios, poca o nula seguridad social, rotación de personal, equipamiento insuficiente, escasa capacidad de investigación y profesionalización desigual.

Es innegable que la delincuencia se globaliza. Muchas policías siguen siendo estrictamente locales. Ahí tenemos un problema de seguridad ciudadana que tarde o temprano termina convirtiéndose en uno de seguridad nacional. El caso hoy descrito también deja otra enseñanza: ningún país puede investigar solo una organización que opera de esta manera.

La investigación involucró a la DEA, FBI, ATF, Homeland Security Investigations, Coast Guard Investigative Service, autoridades de República Checa, INTERPOL y, por México, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, entre otras instituciones. Eso es cooperación internacional aplicada a una amenaza transnacional.

En los últimos meses (y recordado toooooodos los días) hemos discutido demasiado sobre soberanía, terrorismo, intervención y presión estadounidense. Son debates legítimos y necesarios (vicisitudes de la globalización). Pero hay una realidad mucho menos ideológica: si una investigación comienza en México, continúa en República Checa, involucra drogas destinadas a Estados Unidos y utiliza redes internacionales de armas, ningún gobierno tiene por sí solo todas las piezas del rompecabezas.

Compartir inteligencia deja entonces de ser una concesión diplomática, se convierte en una necesidad operativa. También deberíamos revisar el lenguaje que utilizamos, seguimos llamando "cárteles" a organizaciones que participan simultáneamente en narcotráfico, extorsión, robo de combustible, lavado de dinero, fraude y otras economías ilícitas, mientras desarrollan conexiones internacionales para adquirir bienes y servicios ilegales. Quizá el concepto comienza a quedarse corto. Estamos frente a "redes criminales transnacionales multipropósito". Y perseguirlas requiere algo diferente a capturar al jefe.

Las organizaciones sobreviven mientras sobrevivan sus redes. Por eso necesitamos investigar proveedores, intermediarios, empresas fachadas, operadores financieros, comunicaciones, rutas, cadenas logísticas y vínculos institucionales.

La pregunta correcta ya no debería ser solamente quién dirige al cártel. Debería ser: ¿qué necesita esa organización para seguir funcionando y quién se lo proporciona?

Tal vez, el expediente de República Checa termine, siendo simplemente una operación frustrada, o quizá dentro de algunos años, lo recordemos como una advertencia temprana del momento, en que dejamos de hablar exclusivamente de cárteles mexicanos y comenzamos, a comprender que algunas de estas organizaciones estaban intentando convertirse en redes delincuenciales verdaderamente globales.

La pregunta es si nuestras instituciones aprenderán a la misma velocidad.

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