Antes de exigirle a un integrante de una institución policial que resuelva una crisis en segundos, habría que preguntarle al Estado qué hizo para prepararlo. ¿Le proporcionó una formación y entrenamiento suficiente? ¿Cuenta con equipo (y si lo tiene) funciona? ¿Cuenta con respaldo legal por parte de su institución si su actuación termina bajo investigación? La seguridad ciudadana también se juega en esas respuestas. Exigir resultados sin revisar las condiciones del servicio permite que la responsabilidad termine siempre en el último eslabón: quien salió a rifarse el físico y la seguridad jurídica a la calle.

México tiene instituciones con capacidades muy distintas. Sería injusto meterlas en el mismo costal (como aquel que aseveró que toda la extinta Policía Federal era corrupta), como también lo sería confundir la defensa de sus integrantes con la tolerancia al abuso. Precisamente porque la policía puede detener y emplear la fuerza, debemos exigirle profesionalismo y exigir al Estado que lo haga posible. Charlando con un amigo a la luz de las brasas de unos dogos estilo Sonora que venden cerca de mi casa, me pidió que le dijera (en mi punto de vista) cinco deudas que permiten ordenar esa discusión desde lo técnico/táctico, lo jurídico y (quizá el más importante), el factor humano.

La primera es darles herramientas adecuadas para el trabajo que se les encomienda. La ENECAP 2017 del INEGI encontró que 86.1% del personal operativo obtuvo por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección. Es un antecedente histórico, no una fotografía de 2026; sirve para recordar que el problema lleva años (sino es que décadas) documentado. Tampoco significa que todos compraran un arma o un chaleco: la medición incluyó materiales diversos.

Una política sería de equipamiento tendría que comenzar por las necesidades de cada servicio: protección balística adecuada al riesgo, comunicaciones confiables, vehículos con mantenimiento y materiales para preservar indicios. Cada compra debería incluir capacitación, reposición y supervisión. Conviene preguntar cuántos equipos funcionan y quién sabe utilizarlos, además de cuántos se entregaron. Una adquisición vistosa puede producir una buena ceremonia; su utilidad se demuestra después, durante el turno.

Aquí entra la relación con Estados Unidos. El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) reportó que 70.5% de las armas recuperadas en México y sometidas a rastreo en 2024 eran de origen estadounidense, categoría que comprende las fabricadas allá y las importadas legalmente a ese país. La propia agencia advierte que estas armas no constituyen una muestra representativa de todas las utilizadas por delincuentes (como se había ya mencionado alguna vez en este espacio, nos duela o no, no todas las armas van a parar a la delincuencia) Con ese límite claro, la cooperación bilateral debería traducirse en investigaciones contra las redes de tráfico y capacidades útiles para las policías locales. México debe equipar a sus elementos; la dimensión transfronteriza del problema exige, además, trabajo del otro lado.

La segunda deuda es enseñar a ejercer el oficio y mantener esa preparación durante toda la carrera policial (que la neta hasta el día de hoy, brilla por su ausencia). El censo estatal del INEGI publicado en 2025 reportó que, al cierre de 2024, 74.6% del personal de las instituciones policiales estatales contaba con Certificado Único Policial (CUP). El resultado tiene límites: excluyó a Ciudad de México por información incompleta y señaló falta de datos de San Luis Potosí. La ausencia del certificado tampoco demuestra, por sí sola, que alguien carezca de toda formación.

El pendiente va más allá del documento. Propongo medir la preparación por lo que el policía sabe hacer: intervenir ante violencia familiar, entrevistar sin inducir respuestas, preservar evidencia, auxiliar a una persona herida y explicar una detención ante un juez. Eso requiere práctica supervisada, instructores competentes y horas de servicio reservadas para aprender. Mandar al personal a capacitarse al terminar una jornada agotadora desvirtúa el propósito. Además que deben de existir competencias diferenciadas. Es decir, a los mandos debería de hacerles exámenes anuales en temas como dirección, administración, liderazgo, presupuestación, entre otras (se supone que eso es lo que hacen ¿no?... digo)

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza ya contempla formación en derechos humanos, medios menos letales, primeros auxilios, solución pacífica de conflictos y manejo de crisis, estrés y emociones. Cumplirla exige ensayar decisiones, corregir errores y evaluar capacidades. La destreza táctica incluye reconocer cuándo conviene contener, dialogar o pedir apoyo. También debe enseñarse a los mandos a planear y supervisar: su preparación merece el mismo escrutinio que la del personal operativo.

La tercera deuda es la certeza jurídica. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución establece que, aun cuando una autoridad jurisdiccional determine que una separación policial fue injustificada, procede la indemnización y demás prestaciones correspondientes, pero no la reincorporación. Un elemento policial puede ganar el juicio y perder definitivamente su carrera. Esa regla merece una revisión pública que considere tanto la depuración legítima como la reparación frente a decisiones arbitrarias.

Mientras esa discusión ocurre, hacen falta procedimientos disciplinarios confiables y defensa jurídica especializada ante hechos del servicio, con reglas claras sobre su alcance y posibles conflictos de interés. El acompañamiento debe permitir esclarecer lo sucedido y proteger el debido proceso. Si hubo abuso, corresponde investigarlo y sancionarlo; si la actuación fue legal, debe poder demostrarse con evidencia. También hay que revisar las órdenes, la planeación y la supervisión. La responsabilidad institucional no se agota en quien aparece en el video.

La cuarta deuda es ofrecer una carrera que permita vivir con dignidad y crecer por mérito. La ley general de seguridad pública expedida en julio de 2025 dispone que la remuneración debe corresponder a la calidad y al riesgo de las funciones. También regula el servicio profesional de carrera. El reconocimiento legal debe convertirse en presupuesto, concursos verificables y oportunidades de especialización. Un ascenso tendría que poder explicarse con el expediente de quien lo obtiene no que hoy en día parecen parte de un show de magia de David Copperfield "lo ves... ahora ya no le ves".

¡Ojo!, pagar mejor no garantiza honestidad, pero la exigencia de integridad debe acompañarse de condiciones laborales defendibles. Propongo publicar, por instituciones, tabuladores, prestaciones efectivamente otorgadas (es aquí donde verdaderamente se le apoya al policía y a su familia), vacantes y resultados de promoción. Eso permitiría distinguir avances reales de anuncios. La continuidad de los equipos profesionales también necesita protección frente a los cambios de gobierno: la experiencia acumulada pertenece a la institución y sirve a la comunidad.

La quinta deuda es cuidar a la persona detrás del uniforme. La ENECAP registró en 2017 una jornada promedio de 70 horas semanales y que 53% del personal reportó afectaciones de salud relacionadas con sus actividades laborales. Son datos de aquel año; no deben presentarse como tasas actuales. Sí justifican una pregunta que cada gobierno tendría que responder con información reciente: ¿en qué condiciones físicas y emocionales está trabajando su policía?

El cuidado tendría que incluir descanso programado, atención médica, apoyo psicológico confidencial y seguimiento después de incidentes críticos. Pedir ayuda debe poder hacerse sin humillaciones. También hacen falta vías seguras para denunciar acoso y protección efectiva para las familias. La ley de 2025 contempla servicios médicos, pensiones por invalidez y vida, retiro, vivienda y otras prestaciones. La medida del cumplimiento es que lleguen a quienes las necesitan.

Estas cinco deudas requieren responsables identificables y recursos comprobables en los tres órdenes de gobierno. Equipar, formar, dar certeza jurídica, construir carrera y cuidar al personal son decisiones que deben reflejarse en cada institución. La próxima vez que una autoridad prometa mejorar la seguridad, habría que pedirle que explique cómo cumplirá esas obligaciones. Quien llama al 911 tiene derecho a recibir ayuda de una institución preparada; quien responde también tiene derecho a que su gobierno haya hecho su parte.

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