Las recomendaciones presentadas por el Fondo Monetario Internacional para la economía mexicana en el marco de las evaluaciones realizadas han vuelto a encender las alarmas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales.
Frente a un panorama de estrechez fiscal, el organismo multilateral fue contundente: México necesita ejecutar un ajuste fiscal ambicioso y progresivo para contener el déficit y consolidar una trayectoria de deuda sostenible, complementado con la urgencia de modernizar los catastros municipales.
Las directrices propuestas no representan simples sugerencias técnicas, sino una hoja de ruta crítica para corregir las distorsiones estructurales que han frenado el potencial económico del país y han expuesto las cuentas públicas a presiones financieras sin precedentes.
Para dar cumplimiento a la primera recomendación sobre la consolidación fiscal, el gobierno mexicano debe implementar una reforma tributaria integral que incremente la recaudación sin asfixiar la inversión productiva. Esto implica ampliar la base gravable, eliminar exenciones ineficientes y combatir con eficacia la evasión y la elusión fiscal. No obstante, el verdadero equilibrio no provendrá únicamente del lado de los ingresos; la administración federal está obligada a racionalizar el gasto corriente, reestructurar las transferencias hacia las empresas públicas estatales y priorizar proyectos de inversión pública con alta rentabilidad social y económica.
En cuanto a la modernización de los catastros, la tarea exige una estrecha coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios. El gobierno debe impulsar la digitalización, actualización y homogeneización de los padrones prediales en todo el país. Fortalecer los ingresos propios a nivel subnacional mediante el cobro eficiente del impuesto predial descentralizaría la dependencia de las participaciones federales y otorgaría a los gobiernos locales margen de maniobra para financiar su propia infraestructura urbana sin recurrir a mayor endeudamiento.
Esta severa llamada de atención del FMI es el resultado acumulado de una serie de decisiones de política pública que sacrificaron la disciplina presupuestaria en favor de un gasto rígido e ineficiente. La concentración de recursos masivos en proyectos de infraestructura con elevados sobrecostos y retorno incierto, sumada al constante e inagotable rescate financiero a Pemex sin condicionantes de reestructuración operativa, redujo de manera drástica el margen fiscal del Estado.
De forma paralela, la postergación sistemática de una reforma fiscal estructural amplió la brecha entre las obligaciones crecientes de gasto, como pensiones y programas sociales, y los ingresos recurrentes.
Esta combinación de un déficit presupuestario elevado, baja inversión en capital humano e incertidumbre regulatoria ha derivado en una desaceleración del crecimiento potencial de México, restándole competitividad justo en un momento donde las dinámicas globales exigían mayor certeza.
Corregir el rumbo demanda dejar de lado las soluciones coyunturales y asumir con responsabilidad institucional los ajustes que el país requiere para garantizar su estabilidad macroeconómica.
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