La inversión física puede entenderse como el motor que sostiene la capacidad productiva y el crecimiento a largo plazo de una economía. Consiste en la asignación de recursos financieros para la adquisición, construcción, ampliación o mejora de activos tangibles duraderos que no se consumen en el corto plazo.
A diferencia del gasto corriente, que se destina a la operación diaria como salarios o insumos, la inversión física se materializa en bienes de capital como carreteras, puertos, refinerías, hospitales, escuelas y redes de telecomunicaciones. Estos activos actúan como la estructura vertebral que permite a las empresas y a los ciudadanos operar con mayor eficiencia, reduciendo los costos de transacción y elevando la competitividad general del país.
Los recursos económicos que financian esta inversión provienen fundamentalmente de dos fuentes. Por el lado público se nutre de la recaudación fiscal de impuestos como el IVA y el ISR, de los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales y del endeudamiento gubernamental contratado a través de la emisión de bonos en mercados nacionales e internacionales. Mientras que la vertiente privada se alimenta del ahorro de las empresas, la reinversión de utilidades, el crédito bancario y la inversión extranjera directa.
Ambas fuentes suelen converger en esquemas mixtos de financiamiento, donde el sector privado aporta capital y gestión para ejecutar obras de carácter público, diversificando el riesgo y aliviando la presión sobre las finanzas del Estado.
La aplicación de estos fondos se ejecuta mediante estrictos planes de desarrollo y licitaciones que asignan el capital a sectores estratégicos, primordialmente hacia la infraestructura energética, que incluye la extracción de hidrocarburos y la generación de electricidad; la infraestructura de transporte y comunicaciones, encargada de la conectividad terrestre, marítima y aérea; y la infraestructura social, enfocada en la edificación y equipamiento de instalaciones de salud, educación y vivienda.
En México, la inversión pública experimentó una tendencia a la baja debido a políticas de consolidación fiscal. A partir del cambio de administración federal, el gasto público se reorientó masivamente hacia megaproyectos emblemáticos focalizados como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
No obstante, esta fuerte concentración, el gasto promedio en inversión física pública se ha mantenido históricamente rezagado, rondando entre el 2.5% y el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra distante del 5% recomendado por organismos internacionales para economías en desarrollo. Este vacío ha tenido que ser compensado de manera heterogénea por la inversión privada, fuertemente estimulada en años recientes por el fenómeno de relocalización de cadenas de suministro o nearshoring.
El principal problema que surge es la aparición de cuellos de botella logísticos y estructurales, asimismo, la falta de inversión sostenida en infraestructura hidráulica y de transmisión de energía provoca crisis de desabasto de agua y apagones que paralizan la actividad industrial. Finalmente, el rezago en infraestructura social deprime el bienestar de la población al saturar los servicios de salud y deteriorar los planteles educativos, ensanchando las brechas de desigualdad y condenando al país a un crecimiento económico inercial e insuficiente para las demandas demográficas.
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