La apuesta central de las administraciones federales en los últimos 2 sexenios caracterizada por militarizar, controlar y administrar la infraestructura estratégica del país ha derivado en un desastre financiero, administrativo y operativo para el estado mexicano.
Megaproyectos que fueron señalados como insignia tales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Mexicana de Aviación, el Grupo Mundo Maya y el complejo turístico de las Islas Marías se consolidaron bajo la promesa recurrente de alcanzar una rápida autosuficiencia y una alta rentabilidad pública.
Sin embargo, la realidad que muestran los documentos hacendarios y presupuestales expone un panorama crónico de pérdidas operativas, una absoluta incapacidad de atracción de mercado y una dependencia perpetua de los recursos fiscales para poder subsistir día con día.
Al realizar una comparativa entre las proyecciones financieras de estos seis proyectos, el contraste entre lo esperado y los números reales resulta alarmante para la estabilidad de las finanzas nacionales. Para el ejercicio fiscal de 2026, las expectativas de ingresos propios de estas empresas ya evidenciaban una profunda fragilidad estructural; no obstante, el proyecto presupuestal para 2027 confirma de manera definitiva un desplome generalizado de sus ventas y recaudaciones estimadas en conjunto de hasta un 42%.
El AIFA proyecta captar 2,256 millones de pesos en 2027, lo que representa una sensible reducción frente al año previo. Por su parte, el Tren Maya verá caer sus ingresos esperados a mil 90 millones de pesos, un 14.3% menos. Las caídas son todavía más drásticas en el caso del Ferrocarril del Istmo, que descenderá a 329 millones (una baja superior al 54%), y en el Grupo Mundo Maya, que retrocederá un 50.2%. Los casos más críticos se observan en las Islas Marías, con ingresos marginales de apenas 13 millones de pesos (55% abajo), y en Mexicana de Aviación, cuyas ventas se desplomarán un escandaloso 92.2% para ubicarse en una contracción financiera de 124 millones de pesos, evidenciando que operan bajo números rojos de forma permanente.
Ante este escenario financieramente insostenible, la autoridad hacendaria y federal actual debe asumir una postura firme de profunda responsabilidad fiscal, estricta rendición de cuentas y absoluta transparencia operativa. Es urgente abandonar la simulación financiera que busca ocultar subsidios millonarios bajo el pretexto de la seguridad nacional o el desarrollo regional mal entendido.
La propuesta indispensable radica en transparentar los costos reales de operación mediante auditorías externas independientes, cesar la inyección indiscriminada de recursos públicos para tapar déficits y abrir un proceso gradual de desincorporación, concesión o asociación con operadores privados especializados que rescaten la viabilidad comercial de estos activos, evitando que sigan sangrando el erario nacional en detrimento directo de sectores prioritarios como la salud pública, la seguridad y la educación.
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