Analistas y especialistas de índole político o social no logran alcanzar un consenso sobre el origen o la entrega de los primeros apoyos sociales en México con el paso de los años.
Algunos hacen mención de que el origen de los programas sociales en México se remonta hasta la redacción de la Constitución de 1917, debido a que se estableció como ley el acceso a la población a derechos sociales como la educación, la protección laboral, así como el acceso a la tierra.
Por lo que, de acuerdo con esta postura, podemos señalar que, con la conformación de la república, se sentaron las bases para la protección social. Sin embargo, también algunos especialistas determinan que los programas sociales en México arrancaron en 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sin importar el origen de este tipo de apoyos, con el paso de los años han evolucionado a programas como el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), implementado en 1997 a nivel federal y que tenía como objetivo combatir la pobreza a través de transferencias monetarias condicionadas a la asistencia escolar y visitas a centros de salud por parte de las familias beneficiarias. Con una cobertura de 300 mil familias del medio rural.
Seguido del programa Oportunidades en 2002, dirigido a familias en situación de pobreza y marginación, con énfasis en comunidades rurales. Donde se evaluaba la situación de las familias a través de encuestas y se les identifica como beneficiarias en caso de cumplir con los criterios de elegibilidad. Oportunidades se implementó en las 32 entidades del país y atendió a 4.2 millones de hogares.
Llegando hasta el año 2014 cuando se puso en marcha el programa Prospera, el cual otorgaba recursos a casi 7 millones de familias mexicanas para fortalecer su alimentación, salud y educación; asimismo servía como vínculo a las personas beneficiarias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros.
Finalmente, desde 2018 se pusieron en marcha los Programas para el Bienestar, los cuales en el periodo de 2019 a 2024 han tenido una inversión total de 2.7 billones de pesos en este mismo rubro.
Con cifras actualizadas a 2024, se calculó que unos 27.65 millones de hogares en México (79 por ciento del total) han recibido algún apoyo por parte del gobierno federal a través de los Programas para el Bienestar.
Este pequeño repaso a la entrega de apoyos y recursos a las familias mexicanas nos hace reflexionar sobre el objetivo que persiguen estas estrategias gubernamentales. Pues considero que, en primer lugar, estos recursos deben ser suficientes para cubrir las necesidades inmediatas de las personas beneficiadas y, en segundo término, deben favorecer que la población salga de los índices de pobreza o marginación que tienen. Es decir, promover la movilidad social.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ningún programa social estará exento de distorsiones y por ende es indispensable que se diseñen de la manera más adecuada para atender justo a las poblaciones que se desea atender, cuidando a otras que se quedan cerca de los requisitos para acceder al programa.
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