En México, la brecha entre las distintas realidades económicas sigue siendo tema de análisis y debate público. La información más reciente sobre la distribución de los ingresos por deciles refleja con claridad cómo se dividen los recursos entre las familias del país: mientras los sectores de menores recursos ubicados en el primer decil perciben cerca de 16,795 pesos trimestrales por hogar, las familias posicionadas en el decil más alto registran ingresos que superan los 236 mil pesos en el mismo periodo.
Ésta marcada disparidad pone de manifiesto que, a pesar de los avances o ajustes en las estadísticas generales de desigualdad, la capacidad de acceder a niveles superiores de consumo y estabilidad financiera sigue estando fuertemente concentrada y supeditada a la posición socioeconómica de origen, la movilidad social.
La movilidad social es el proceso socioeconómico mediante el cual los individuos o las familias cambian de posición dentro de la estructura de estratos de una sociedad a lo largo del tiempo, ya sea de forma intergeneracional, al comparar el nivel de vida alcanzado con el de sus progenitores, o de manera intrageneracional, a lo largo de su propia trayectoria laboral y profesional.
Comprender este concepto implica analizar el grado de fluidez de una economía para ofrecer oportunidades equitativas, permitiendo que el esfuerzo individual, la preparación técnica y el talento de cada persona determinan su progreso socioeconómico, en lugar de que este permanezca condicionado de forma rígida o irreversible por el estrato particular en el que le tocó nacer.
Tomando como base una categorización retomada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aquí se divide a la población mexicana en distintos niveles socioeconómicos según ingresos, ocupación y estabilidad financiera.
Pues, aunque el imaginario colectivo asocia la vida de clase media con la estabilidad económica, el acceso al consumo y la capacidad de ahorro, la realidad de las cifras muestra un panorama profundamente desigual. La concentración de la riqueza en los deciles más altos de ingreso genera una barrera difícil de franquear para la mayoría de los hogares, los cuales sobreviven con entradas mensuales que apenas cubren las necesidades básicas de alimentación, vivienda y servicios esenciales.
Ésta marcada disparidad no solo expone las limitaciones del mercado laboral para ofrecer salarios competitivos, sino que evidencia la fragilidad de un amplio sector de la población que, aun contando con empleo formal, permanece al borde de la vulnerabilidad financiera. Alcanzar el umbral de ingreso de la clase media exige con frecuencia que múltiples integrantes del hogar aportan al gasto común, lo que reduce las métricas de bienestar individual. La verdadera estabilidad no debería medirse únicamente por la cantidad de pesos que ingresan a una familia cada mes, sino por la calidad de los servicios públicos a los que tiene acceso garantizado.
El gran desafío del desarrollo radica en convertir la estratificación del ingreso en un punto de partida dinámica y no en una condena permanente. Para lograrlo, no basta con la redistribución pasiva; se requiere impulsar masivamente empleos formales bien remunerados, fortalecer la educación pública de calidad, integrar la infraestructura regional y garantizar certidumbre para la inversión productiva. Solo así la movilidad social dejará de ser una aspiración abstracta y se transformará en el motor real que impulse el bienestar duradero de todo el país.
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