El mandato que obliga a los titulares del ejecutivo federal a rendir cuentas sobre el estado que guarda nuestro país tiene como origen nuestra Constitución Política. Particularmente en el artículo 69 que señala, dentro de su última modificación del 15 de agosto de 2008, que: “A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país (…). Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad”.

Si bien, el mensaje dado por el o la titular del ejecutivo federal ha tenido algunos cambios de forma con el correr de los años, desde su origen se ha buscado que la ciudadanía conozca las actividades, retos y acciones realizadas durante el año de actividades. Mientras que las faltas o imprecisiones cometidas por la administración han de ser cuestionadas y debatidas por el poder legislativo a través de la glosa del informe de gobierno.

Esta glosa se refiere al análisis político, jurídico, económico y social que han de llevar a cabo los grupos parlamentarios representados dentro de las Cámaras de Diputados y Senadores en torno al informe de gobierno presentado anualmente al Congreso de la Unión por parte del titular del Poder Ejecutivo.

Al revisar los registros históricos de este ejercicio, encontramos el primer antecedente en una disposición de la Constitución española de 1812, que establecía la asistencia obligatoria del Rey a la apertura de las Cortes. Mientras que en nuestro país se considera que Agustín de Iturbide (1822-1823) fue quien inauguró el formato de los informes, aunque éstos no fueron constantes ni regulares. Para informar a la población sobre decisiones importantes de su gobierno, Iturbide y el Congreso emitieron proclamas y decretos.

Mientras que, en el México independiente, el origen de los informes de gobierno tiene su origen hace poco más de un siglo cuando el entonces presidente Guadalupe Victoria entregó el suyo el 1 de enero de 1825. Con lo que se le otorgó un carácter institucional para las posteriores administraciones quienes además de entregar al Congreso un documento escrito, optaron por agregar un mensaje político dirigido al pueblo.

En este sentido, y gracias al avance tecnológico en los medios de comunicación, en 1936, por primera vez se transmitió por radio el mensaje con motivo del segundo informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Y en 1950, en televisión se emitió el cuarto informe de Miguel Alemán, con lo que se alcanzó una difusión masiva.

Como hecho anecdótico, el mensaje más largo emitido con motivo del informe de gobierno, fue el pronunciado por el presidente Abelardo L. Rodríguez en 1934, el cual tuvo una duración de 7 horas y 35 minutos. Por lo que durante algunos años se concedieron permisos a los trabajadores para escuchar el mensaje del presidente.

Si bien, dentro de la Constitución de 1917 se estableció la obligación de rendir el informe el 1 de septiembre de cada año. Entre 1986 y 1993, la fecha se cambió al 1 de noviembre, regresando a su fecha inicial posteriormente.

Como miembros de una sociedad democrática, nuestra obligación siempre será la de mantenernos informados sobre las actividades de nuestros gobernantes, sólo de esta forma podremos cuestionar y participar en un debate constructivo para nuestro país.

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