El fenómeno técnico y económico conocido como fracturación hidráulica, comúnmente denominado fracking, representa una de las transformaciones más disruptivas en la industria energética global de las últimas décadas, operando bajo una lógica de ingeniería que desafía las limitaciones geológicas de los yacimientos convencionales.
Esta técnica consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal que se extiende hacia formaciones de roca sedimentaria, esquistos o lutitas, las cuales poseen una porosidad y permeabilidad extremadamente bajas, lo que impide que los hidrocarburos fluyan de manera natural hacia la superficie. Por lo que, para liberar este gas y petróleo atrapado, se inyecta bajo presiones colosales una mezcla fluida compuesta mayoritariamente por agua en un noventa por ciento, arena como agente de sostén en un nueve por ciento y un cóctel de aditivos químicos que constituye el uno por ciento restante, cuya función es reducir la fricción, prevenir la corrosión y facilitar la movilidad del fluido dentro de las microfracturas generadas en la roca.
El origen de este procedimiento no es reciente, pues sus antecedentes experimentales se remontan a finales de 1940 en los Estados Unidos, específicamente con las primeras aplicaciones de presión hidráulica en Kansas en 1947; no obstante, su auge comercial y el perfeccionamiento de la perforación horizontal dirigida no se consolidaron sino hasta la primera década del siglo XXI.
Estados Unidos se mantiene como el líder indiscutible, habiendo logrado una independencia energética sin precedentes y superando a potencias como Rusia en la producción de gas natural, gracias a cuencas icónicas como Permian o Marcellus. Otros países que han integrado esta práctica incluyen a Canadá, China y Argentina, este último con un enfoque masivo en la formación de Vaca Muerta, considerada uno de los reservorios no convencionales más prometedores fuera de América del Norte.
Por el contrario, naciones de la Unión Europea como Francia y Alemania han mantenido prohibiciones o moratorias estrictas debido a la presión de grupos ambientalistas y la alta densidad poblacional cercana a los yacimientos potenciales.
En el caso de México, el debate ha tomado un nuevo matiz con la propuesta de explorar un "fracking sustentable" bajo un comité científico gubernamental, buscando reducir la dependencia de las importaciones de gas natural, que actualmente cubren más del setenta y cinco por ciento de la demanda nacional, a pesar de las críticas persistentes sobre el impacto hídrico en las zonas áridas del noreste del país.
Los beneficios económicos del fracking son tangibles y se centran en la seguridad energética, la creación de empleos directos e indirectos y el abaratamiento de los costos de la energía para la industria manufacturera. Al permitir el acceso a recursos que antes eran inalcanzables, las naciones pueden reducir su vulnerabilidad ante choques geopolíticos externos y fluctuaciones de precios internacionales, además de generar ingresos significativos por concepto de regalías e impuestos que pueden reinvertir en el desarrollo de infraestructura.
El fracking conlleva riesgos como la contaminación de mantos acuíferos por la filtración de químicos y metales pesados, un consumo excesivo de agua en zonas con estrés hídrico. Además, la reinyección de fluidos residuales puede provocar sismicidad inducida, mientras que las fugas de metano agravan el calentamiento global.
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