La publicación del Índice de Competitividad Estatal correspondiente a 2026 representa un hito fundamental para la política económica regional de México, pues se celebran 20 años desde que el Instituto Mexicano para la Competitividad lanzó este diagnóstico anual.
Para evaluar la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión, el centro de investigación utiliza un enfoque integral compuesto por 53 indicadores agrupados en 6 subíndices clave: Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de Trabajo, Sociedad y Medio Ambiente, Estado de Derecho, así como Sistema Político y Gobierno. A través de este entramado metodológico, el índice no solo mide el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino también la fortaleza de las instituciones y las condiciones socioeconómicas estructurales del país.
En la cúspide del ranking nacional de 2026 se ubicaron la Ciudad de México en primer lugar, Querétaro en el segundo y Nuevo León en la tercera posición. La capital del país conservó el liderazgo indiscutible gracias a sus elevados índices de escolaridad, una cobertura educativa superior a la media nacional, una infraestructura logística y digital de primer orden y una gran concentración de servicios financieros e innovación. Querétaro se consolidó en el segundo puesto impulsado por la solidez de sus instituciones locales, la eficacia de su sistema político y su capacidad de atracción de inversión tecnológica en sectores aeronáuticos y centros de datos. Por su parte, Nuevo León ratificó el tercer peldaño gracias a su sofisticado tejido industrial de alta complejidad económica y a mantener una de las tasas de informalidad laboral más bajas de toda la nación, consolidándose como un imán para el capital extranjero.
En el extremo opuesto del reporte se encuentran Chiapas, Oaxaca y Guerrero, situados en las posiciones 30, 31 y 32, respectivamente. Estas tres entidades continúan atrapadas en un profundo rezago estructural caracterizado por niveles de informalidad laboral que superan por mucho el promedio nacional, graves deficiencias en materia de infraestructura básica y conectividad, así como un débil entorno institucional y de seguridad. La falta de vinculación con las cadenas globales de valor agregado y el reducido acceso a servicios financieros formales limitan drásticamente su capacidad para transformar sus recursos en desarrollo económico sostenible y atracción de talento.
En lo que corresponde al Estado de México, la entidad se posicionó en el lugar número 19 del ordenamiento general. La entidad mexiquense mostró una ligera mejora al escalar posiciones respecto a ediciones anteriores, colocándose dentro del bloque de competitividad media-baja. A pesar del inmenso peso demográfico y económico de la entidad, así como de su cercanía con el mercado del Valle de México, el territorio mantiene importantes retos en materia de seguridad pública, deficiencias en la calidad de los servicios de salud y educación, e imperativos en la simplificación de trámites regulatorios para formalizar su economía.
Para elevar su competitividad en beneficio de sus habitantes, las entidades deberán reducir la informalidad laboral mediante incentivos a las pequeñas y medianas empresas, conectar sus industrias locales con cadenas internacionales de suministro e invertir en infraestructura hídrica y energética.
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