En la antigüedad, la montaña despertaba misterio y veneración. Hoy, con el turismo masivo, los incendios forestales y la tala clandestina, la hemos convertido en un escenario que exhibe nuestro descuido, codicia y la ilusión de que sometemos a la naturaleza por completo.
Por eso, el gobierno de Nepal aumentó el año pasado el costo del permiso y los requisitos para ascensos al Everest (8,848 metros), en un intento por regular la sobreexplotación comercial y contener el daño ambiental ocasionado en las últimas décadas al coloso del Himalaya.
Las autoridades en Europa inducen avalanchas, mediante detonaciones controladas con el apoyo de helicópteros, para evitar que la acumulación de nieve en los Alpes franceses ponga en peligro a los visitantes, particularmente a los esquiadores. La presente temporada invernal ha registrado múltiples víctimas, según reportes locales.
En el caso de México, además de que el Nevado de Toluca (4 mil 680 metros) se mantiene cerrado desde agosto pasado, ahora la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció la clausura provisional de algunos accesos, áreas de campamento, miradores y senderos del Parque Nacional El Chico, en Hidalgo, a fin de realizar trabajos de “saneamiento y conservación”.
Después de revisar el turismo masivo y los incendios forestales, ahora es el turno de la tala clandestina, que prospera al amparo de resquicios legales y omisiones institucionales; sus jugosos dividendos económicos silencian la indignación social y comprometen seriamente la conservación de nuestros bosques.
Es un secreto a voces que, en muchas montañas, el sonido de motosierras ya no es inusual. Tampoco sorprende observar camiones repletos de troncos que no portan placas ni permisos a la vista.
Los testimonios de encuentros con gente armada en zonas de difícil acceso, así como el hallazgo repentino de superficies devastadas apuntan hacia una realidad incómoda: la presencia de la delincuencia organizada en actividades de tala ilegal.
En 2018, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtieron que entre 50 y 70 por ciento de la madera que se comercializa en el país podría tener un origen ilícito. Se trata de un fenómeno que trasciende la pérdida forestal, ya que implica debilitamiento institucional y control territorial por parte de grupos delictivos que aumentan la violencia e inseguridad.
Al respecto, un reporte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático publicado en 2022 indica que la operación del crimen organizado es causa de conflictos agrarios y desplazamientos de la población. Además, perjudica las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y sus derechos sobre las tierras, así como sus medios de subsistencia y su capacidad para proteger los bosques.
En 2024, México perdió 320 mil hectáreas de cobertura forestal, según el monitoreo satelital de Global Forest Watch y datos oficiales. Tal cifra nos mantiene entre los diez países con mayor pérdida de bosques a nivel mundial y deteriora funciones esenciales de los ecosistemas para la regulación del ciclo hidrológico, la contención de la erosión y una de las pocas barreras naturales frente a la crisis climática.
Brújula. Esta semana, el rumbo informativo se traslada a Tapalpa, Jalisco, donde fue detenido uno de los criminales más buscados. Un municipio que combina amplia vocación turística y recursos forestales estratégicos que lo han hecho vulnerable también a la tala ilegal. Así, cuando el bosque se convierte en botín, la acción institucional no debe andarse por las ramas.
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