México se encuentra ante una oportunidad para actualizar su marco jurídico ambiental, toda vez que la legislación vigente tiene su origen en 1988, aunque fue reformada en las décadas posteriores. Recientemente, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El proyecto que ya fue turnado a la Cámara de Diputados va encaminado a fortalecer la prevención del deterioro ambiental, conservar la biodiversidad, restaurar ecosistemas y ampliar la participación social.
También plantea cambios importantes: incorpora la evaluación ambiental estratégica, fortalece el ordenamiento ecológico del territorio, considera el cambio climático y la resiliencia ambiental, amplía instrumentos para la conservación de la biodiversidad y contempla mecanismos relacionados con transparencia, justicia ambiental y protección de las personas defensoras del medio ambiente.
Uno de sus principios resume buena parte del desafío: prevenir antes que reparar. Porque cuando se pierde un bosque, se contamina un río o se degrada un ecosistema, restaurarlo puede requerir décadas y, en algunos casos, recuperar aquello que se perdió resulta imposible.
Sin embargo, una legislación ambiental no se mide únicamente por la cantidad de principios que incorpora, sino por la capacidad de convertirlos en obligaciones, procedimientos y decisiones efectivas.
Por ello, el CEMDA ha solicitado al Congreso de la Unión un proceso de parlamento abierto que incluya las perspectivas de pueblos indígenas, personas defensoras del ambiente, académicos, organizaciones civiles, así como sectores productivos y autoridades.
¿Qué ocurrirá cuando los principios de una nueva legislación tengan que aplicarse sobre un bosque, un acuífero, una montaña o un área natural protegida sometida a presiones económicas y sociales?
La respuesta no estará solamente en el texto de la ley, sino en la capacidad de las instituciones para hacerla cumplir, en la participación de las comunidades y en la posibilidad de que conozcamos y cuestionemos las decisiones que nos afectan. La situación del Nevado de Toluca ofrece un ejemplo concreto de ello.
Actualizar nuestra legislación ambiental es indispensable. Pero una norma no debería aspirar únicamente a regular el daño ocurrido, pues su verdadero alcance tendrá que valorarse por aquello que consiga evitar.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex