La noticia de que el gobierno municipal de Otumba tuvo que pagar más de 53 millones de pesos al SAT por una deuda heredada de la administración 2019-2021 revela una práctica irresponsable y recurrente en muchos municipios del Estado de México: heredar el desorden fiscal sin consecuencias para los responsables. El adeudo del ISR de los empleados municipales no es menor; implica una retención indebida de recursos federales que debieron entregarse puntualmente. Hoy, esa omisión ha obligado a la gestión actual a solicitar un préstamo al gobierno estatal, comprometiendo recursos que podrían haberse destinado a obra pública o programas sociales. El alcalde Hilarion Coronel Lemus ha sido transparente al informar que el pago de esta deuda dejó a la administración en serios aprietos financieros. Sin embargo, la falta de sanciones para quienes omitieron el pago original perpetúa la impunidad administrativa. La ciudadanía termina pagando dos veces: primero con servicios públicos deficientes y luego con el costo financiero.
Lupa en avenidas
Bajo el mando de la alcaldesa Azucena Cisneros, el municipio de Ecatepec ha reforzado los operativos de seguridad en los puntos con mayor incidencia de robo a usuarios del transporte público, una acción que, si bien resulta urgente, también evidencia el nivel de deterioro en la percepción de seguridad. El acompañamiento de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) refleja la gravedad del problema: se requiere la intervención federal para garantizar traslados seguros dentro del propio municipio. Esta medida reactiva es necesaria, pero no sustituye una estrategia integral de prevención del delito. Sin embargo, para que esta política sea sostenible, el gobierno local deberá demostrar que no se trata sólo de una respuesta mediática o temporal, sino de una reconfiguración real de la seguridad con enfoque en transporte público. Azucena Cisneros, en su calidad de presidenta municipal, tiene el reto de consolidar un modelo de proximidad y vigilancia que transforme los operativos en confianza ciudadana duradera.
Inundación anunciada
La amenaza de un desbordamiento del canal Emisor Poniente en Santa Bárbara debería encender las alarmas del gobierno municipal que encabeza Daniel Serrano en Cuautitlán Izcalli. La acumulación de basura, desde botellas hasta refrigeradores, no sólo revela una preocupante falta de cultura ambiental, sino también una omisión grave por parte de las autoridades encargadas del mantenimiento preventivo. La comunidad, representada por Beatriz Covarrubias, ha pedido apoyo sin éxito, lo que refleja la desconexión entre las demandas vecinales y la respuesta institucional. Si bien es cierto que parte del problema radica en la conducta irresponsable de quienes arrojan desechos al canal, la responsabilidad principal recae en un gobierno que no ha atendido un riesgo conocido, particularmente en vísperas de la temporada de lluvias.
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