La Feria Nacional del Libro en Nezahualcóyotl debió ser una celebración de las letras, pero terminó empañada por un hecho que revela carencias preocupantes en la gestión de riesgos. El alcalde Adolfo Cerqueda intentó calmar la situación con declaraciones que resaltan la "no gravedad" de las lesiones, pero evita mencionar a Protección Civil o hacer referencia a una investigación formal. El problema no es solo el accidente, sino la falta de una respuesta institucional clara y contundente. Montar una estructura sobre una explanada pública no es solo cuestión de logística, implica criterios técnicos y autorizaciones que, a juzgar por lo ocurrido, no se cumplieron a cabalidad. La omisión de Protección Civil en el discurso oficial es alarmante y deja entrever una cultura de la improvisación en eventos masivos. ¿Quién garantiza que en el próximo evento no ocurrirá algo peor? La prevención no se improvisa y la confianza ciudadana se sostiene con hechos, no con comunicados optimistas.
Seguridad en pausa
La administración del alcalde Isaac Montoya en Naucalpan ha presentado con bombo un nuevo parque vehicular para seguridad pública, compuesto por 250 patrullas. Sin embargo, la ciudadanía aún no ve sus beneficios. Las unidades llevan más de dos semanas estacionadas en el Parque Naucalli, mientras el municipio asegura que se encuentran en “supervisión y trámite”. La pregunta es inevitable: ¿por qué se anunciaron con tanta anticipación si no estaban listas para operar? En un municipio con serios problemas de inseguridad, resulta inadmisible que recursos ya disponibles permanezcan inactivos mientras los delitos siguen ocurriendo. La burocracia no puede ser excusa cuando se trata de proteger a la población. El alcalde Montoya debe ofrecer claridad y acelerar el proceso: cada día que pasa con las patrullas inmóviles es un día perdido en la recuperación de la confianza ciudadana y en la contención de la delincuencia.
¿Y la transparencia?
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, arrancó su gestión con una promesa contundente: reducir su salario como muestra de austeridad y compromiso con la ciudadanía. Sin embargo, a meses de distancia, esa promesa sigue envuelta en opacidad. La negativa del ayuntamiento a transparentar los tabuladores salariales, con el argumento de que Recursos Humanos “no tuvo tiempo” para buscar los documentos, no sólo es una burla burocrática, sino un grave retroceso en materia de rendición de cuentas. La transparencia no puede depender de la agenda o disposición de las áreas administrativas, y menos cuando se trata de recursos públicos. Si su promesa de bajarse el sueldo fue real, no debería haber nada que ocultar. Las áreas que supuestamente deben ayudarlo lo están perjudicando al mostrar caras de opacidad.
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