En San José Puente Grande se confrontan dos visiones de desarrollo que el gobierno municipal de Cuautitlán México no puede seguir evadiendo: la expansión industrial sin planeación y el derecho de una comunidad a vivir con seguridad. Permitir la proliferación de CEDIS en una zona habitacional catalogada como de alto riesgo de inundaciones no solo evidencia posibles omisiones administrativas, sino una falla de fondo en el ordenamiento territorial. Las advertencias vecinales no son retóricas: hay afectaciones documentadas a vialidades, riesgos estructurales para viviendas y una amenaza latente para niñas y niños que acuden a escuelas rodeadas de tránsito pesado. Ignorar el Atlas de Riesgos, el uso de suelo y el marco legal en protección civil equivale a trasladar los costos del "desarrollo" a quienes menos capacidad tienen para asumirlos. La autoridad municipal está obligada a poner un alto, revisar permisos y anteponer la seguridad y el medio ambiente sano sobre intereses industriales que, de no regularse, convierten la planeación urbana en una deuda social.
Obra necesaria, reto vial
La reconstrucción del Periférico Norte representa una oportunidad para mejorar una de las vialidades más transitadas del Estado de México, aunque el reto inmediato será manejar de manera ordenada los impactos en la circulación. Si bien los trabajos en 108 kilómetros son necesarios, será clave que la información fluya con claridad y oportunidad para que los automovilistas puedan planear sus traslados. En ese sentido, voces como la del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya, han insistido en la relevancia de la coordinación entre el gobierno estatal y los municipios para facilitar la movilidad y aprovechar los tramos ya rehabilitados. Con una comunicación constante, señalización adecuada y rutas alternas bien definidas, la obra puede traducirse no solo en una mejora a largo plazo, sino en una transición más llevadera para quienes usan a diario esta vía.
Control del pecado de agua
La clausura temporal de la compuerta del canal de Santo Tomás expone una problemática que va más allá de un hecho aislado: la falta de control y de responsabilidades claras sobre cuerpos de agua que, desde hace años, operan como canales de aguas negras. Tres muertes obligan a dejar atrás la normalización del riesgo, sobre todo cuando el agua se usa para riego agrícola y desemboca en la Laguna de Zumpango. La presunta contaminación, la ausencia de monitoreo constante y la permisividad frente a descargas irregulares configuran un posible riesgo sanitario que fue ignorado hasta convertirse en tragedia. Hoy no basta con cerrar una compuerta; se requieren estudios técnicos, vigilancia permanente y una coordinación efectiva entre autoridades para evitar que la omisión institucional siga cobrando vidas.
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