El regreso a clases vuelve a poner a prueba la capacidad de los gobiernos municipales para garantizar seguridad y orden en el espacio público, particularmente en zonas escolares donde confluyen tránsito, transporte y familias. Los operativos anunciados en distintos municipios del Valle de México apuntan a una lógica preventiva que, bien ejecutada, puede marcar la diferencia en los primeros días del ciclo. En Huixquilucan, la alcaldesa Romina Contreras ha subrayado la importancia de una vigilancia constante y de la coordinación vial para proteger a estudiantes y docentes, un mensaje que responde a una demanda cotidiana más que a una coyuntura excepcional. El reto, como ocurre cada año, será que estos dispositivos no se queden sólo en el arranque, sino que se mantengan con regularidad para que la seguridad escolar deje de ser una medida temporal y se convierta en una práctica permanente.

Atender el riesgo
La atención a las minas en Atizapán de Zaragoza evidencia una política pública que apuesta por la prevención y la planeación técnica frente a un riesgo que durante años permaneció invisibilizado. Como ha señalado Héctor Elorriaga Mejía, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, la incorporación de tecnología especializada para detectar y rellenar cavidades no sólo busca reducir peligros estructurales, sino dar certeza a miles de familias asentadas en zonas con antecedentes mineros. La relevancia de estos trabajos va más allá de la mitigación del riesgo inmediato, al permitir dictámenes que distinguen entre viviendas vulnerables y aquellas sin afectación, facilitando procesos de regularización patrimonial. El reto, como en toda política preventiva, será sostener el esfuerzo en el tiempo y convertir la atención al subsuelo en una prioridad permanente, no excepcional.

Ordenar el transporte pesado
La regulación del transporte de carga en Tultepec abre un debate necesario sobre el equilibrio entre la actividad económica y la calidad de vida urbana. La postura del alcalde Sergio Luna Cortés apunta a una lógica de orden y seguridad vial al establecer horarios nocturnos para la circulación de unidades pesadas, una medida que busca reducir accidentes y afectaciones cotidianas a los vecinos. Aunque el sector transportista advierte pérdidas, el planteamiento municipal pone sobre la mesa un costo social que durante años ha recaído en la población, desde congestionamientos hasta riesgos viales. En la medida en que el reglamento se aplique con constancia, diálogo y criterios claros, la norma podrá consolidarse como una herramienta de convivencia que priorice la tranquilidad de la ciudadanía sin cerrar la puerta a la actividad productiva.

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