Los datos presentados por el gobierno del Estado de México abren una ventana de lectura obligada en un terreno históricamente adverso: la seguridad. A nueve meses de operación del esquema aplicado en la zona oriente, los indicadores a la baja en delitos de alto impacto sugieren que la coordinación interinstitucional empieza a rendir frutos, al menos en términos estadísticos. Para la gobernadora Delfina Gómez, el reto no está sólo en exhibir cifras alentadoras desde la Mesa de Paz, sino en sostenerlas en el tiempo y traducirlas en una percepción real de tranquilidad en los municipios más golpeados por la violencia. La apuesta por la acción conjunta de fuerzas estatales y federales apunta en la dirección correcta, pero su eficacia será medida, inevitablemente, en la vida cotidiana de una ciudadanía que exige resultados permanentes y no sólo avances coyunturales.
Bajo el escrutinio
Las cifras del informe annual de la Contraloría del Poder Legislativo muestran una maquinaria de control interno que se ha mantenido activa, aunque no necesariamente concluyente. El alto número de expedientes iniciados y la predominancia de investigaciones abiertas de oficio reflejan una vigilancia constante sobre el actuar de los servidores públicos, pero también exhiben la complejidad —y lentitud— de los procesos administrativos, con decenas de asuntos aún en trámite y una carga acumulada de años anteriores. La dispersión regional de la Contraloría y el alcance de sus indagatorias confirman un esfuerzo por cubrir todo el territorio, sin embargo, el verdadero termómetro de su eficacia no está en el volumen de expedientes, sino en la capacidad de traducirlos en resoluciones firmes que fortalezcan la rendición de cuentas y devuelvan credibilidad a las instituciones legislativas.
Cuando el desarrollo no convence
La protesta en Teoloyucan vuelve a colocar sobre la mesa una constante en los grandes proyectos de infraestructura: el desfase entre la planeación técnica y la realidad social de las comunidades que los alojan. La toma de maquinaria no es un acto menor, sino un síntoma de desconfianza acumulada ante promesas que, como ocurrió también en Xaltocan con las obras vinculadas al AIFA, no han encontrado cumplimiento ni seguimiento visible. Cuando las obras avanzan sin puentes, pasos seguros o soluciones de movilidad, el discurso del desarrollo pierde legitimidad frente a los habitantes. Más allá del impacto inmediato en los trabajos, el mensaje es claro: sin diálogo efectivo, respeto a los acuerdos y resultados tangibles, los proyectos estratégicos corren el riesgo de convertirse en focos permanentes de conflicto social.
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