El Insurgente

Ruta correcta

La realización de la Feria del Empleo 2026 en San Mateo Atenco constituye un claro ejemplo de cómo la voluntad política y la coordinación institucional pueden incidir positivamente en el bienestar social. La alianza estratégica entre la alcaldesa Ana Muñiz Neyra y el secretario Norberto Morales Poblete no solo dota de formalidad al mercado laboral del Valle de Toluca, sino que ataca de raíz la precariedad económica. Resulta especialmente destacable la visión de inclusión de este proyecto, donde más de la mitad de las plazas ocupadas han beneficiado a mujeres jefas de familia canalizadas por el DIF local. En tiempos donde la incertidumbre financiera acecha, abrir las puertas a más de 500 vacantes seguras con prestaciones es dignificar la vida comunitaria. Impulsar el empleo formal no es solo una meta estadística; es la única vía real para reconstruir el tejido social desde la base productiva.

Ana Muñiz Neyra. Foto Alejandro Vargas / El Universal

El reto de escuchar

La apertura democrática de las Sesiones de Cabildo Abierto representa una bocanada de aire fresco para la gobernanza de una capital que urge de respuestas inmediatas. Al escuchar de viva voz y frente a frente las demandas de bacheo, luminarias y servicios en delegaciones históricamente desatendidas, el alcalde Ricardo Moreno de Toluca asume un compromiso que va más allá de la simple escucha burocrática. El verdadero desafío de este ejercicio no reside en tomar nota de los expedientes de San Cayetano o Capultitlán, sino en la capacidad presupuestal y operativa para traducir el diálogo en realidades tangibles. Atender el rezago urbano de la mano de la ciudadanía es la vía correcta para legitimar la gestión local. Sin duda, canalizar con eficacia estas demandas vecinales será el parámetro con el que los toluqueños califiquen el éxito de su administración.

Ricardo Moreno Bastida. Foto Especial

Garantías reales para la diversidad

La iniciativa anunciada por la diputada Miriam Silva representa un paso indispensable para trasladar la defensa de los derechos de la diversidad sexual del terreno de la buena voluntad al de la responsabilidad corporativa real. Al proponer multas ejemplares de hasta 250 mil pesos proporcionales a la capacidad económica de las empresas, el proyecto ataca con firmeza la condescendencia con la que muchas cadenas comerciales han manejado históricamente la discriminación y la transfobia en sus establecimientos. El doloroso caso de Paulette Slava Cárdenas, marcado por la exclusión y la posterior difamación digital, evidencia que las recomendaciones de los organismos de derechos humanos han sido rebasadas por la impunidad y la revictimización institucional. Castigar el bolsillo de las personas morales que toleren o justifiquen el odio es la única vía efectiva para forzar una verdadera cultura de inclusión y respeto en el sector privado. El reto del Congreso mexiquense será blindar este marco punitivo para que la justicia de género deje de ser un lema de simulación y se convierta en una garantía cotidiana.

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Miriam Silva Mata. Foto Especial

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