Elías Rescala pone sobre la mesa un tema que por años ha sido ignorado por los gobiernos estatal y municipales: la responsabilidad patrimonial del Estado frente al deterioro de las vialidades. Su propuesta de reformar la ley para que los automovilistas afectados por baches sean indemnizados es una forma de evidenciar que la ineficiencia en el mantenimiento de la infraestructura tiene consecuencias reales. No se trata de una concesión, sino del reconocimiento de que el ciudadano no debe pagar los costos del abandono gubernamental. Pero, la propuesta quedará en el discurso legislativo pues no tienen mayoría en el congreso local. En una entidad donde el deterioro de caminos es sistemático, Elías Rescala toca una fibra sensible del electorado, pero no obligará al resto de las fuerzas políticas a posicionarse. Lástima de las buenas intenciones de un partido que no ha logrado entender que es oposición.
Quejas ciudadanas
Las lluvias no solo han dejado calles inundadas en Naucalpan, sino que han expuesto el abandono prolongado en materia de infraestructura vial. La aparición de un socavón de más de tres metros en la colonia 10 de abril y el deterioro visible en al menos siete calles de Tecamachalco son síntomas de un problema estructural que trasciende lo climatológico. El alcalde Isaac Montoya debe asumir que la urgencia ya no está solo en tapar baches, sino en replantear una política integral de mantenimiento preventivo que responda con eficacia antes de que los daños se conviertan en crisis. La reacción del gobierno municipal será clave para saber si Naucalpan está preparado para enfrentar este tipo de contingencias o si seguirá recurriendo a soluciones improvisadas. Isaac Montoya tiene la oportunidad de revertir el desgaste de la confianza ciudadana, pero debe hacerlo con acciones inmediatas, rutas de atención claras y un plan transparente que involucre tanto a colonos como a especialistas.
Tren a baja velocidad
El avance del Tren México-AIFA en Tultepec refleja no solo el progreso de una de las obras más emblemáticas del actual gobierno federal, sino también las tensiones sociales que han acompañado su desarrollo desde el inicio. La estación Los Agaves y el puente de Lago de Guadalupe muestran movimiento y avances visibles, pero el verdadero termómetro del proyecto está en la estación Teyahualco, donde la resistencia vecinal aún pone freno al ritmo constructivo. Lo que debió ser un símbolo de conectividad y modernidad ha transitado por un camino accidentado, marcado por la desconfianza y la falta de acuerdos claros con las comunidades. Vecinos como Alberto Hernández dan cuenta de una realidad en la que la vigilancia ciudadana ha sustituido a la transparencia institucional. Las guardias comunitarias para evitar incumplimientos reflejan que las obras no avanzan solo por el trazo técnico, sino por la política del cumplimiento social. Si el gobierno federal quiere que el tren no solo llegue a su destino, sino que lo haga con legitimidad, deberá replantear su relación con los habitantes de los municipios afectados.
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