Las declaraciones de Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, ponen sobre la mesa una realidad que durante años fue ignorada: el desorden en la distribución del agua por pipas y la existencia de un mercado paralelo que lucraba con un recurso vital. Su propuesta de crear un padrón de piperos legales es un paso necesario hacia la transparencia y la regulación de una actividad que, en muchos casos, operaba al margen de la ley y a costa del medio ambiente. La Operación Caudal ha destapado un problema estructural: la falta de control y de supervisión sobre quién extrae, transporta y vende el agua que millones de mexiquenses consumen a diario. No obstante, el reto será mantener el equilibrio entre la legalidad y el derecho humano al agua.
Crecimiento empresarial
El evento Fábrica de Negocio en Toluca refleja la relevancia de las MiPyMES en la economía del Estado de México y del país. Con la participación de numerosos asistentes, cadenas comerciales y citas de negocios, quedó claro que este sector no solo sostiene el empleo local, sino que también es pieza clave para garantizar el abasto y la competitividad frente a grandes corporativos. La colaboración entre el gobierno y organizaciones como GS1 México demuestra que la sinergia entre el sector público y privado puede abrir oportunidades concretas, brindando capacitación, herramientas tecnológicas y acceso a cadenas de valor modernas. Más allá de las cifras, lo valioso de este tipo de iniciativas es que impulsa la formalización y profesionalización de los negocios, fortaleciendo la capacidad de las MiPyMES para competir en un mercado cada vez más digital y exigente.
Conectividad y bienestar
El programa Mujeres con Bienestar representa un avance significativo en la política social del Estado de México, al reconocer el papel central de las mujeres como motor de transformación en sus comunidades. Más allá del apoyo económico bimestral, la incorporación de servicios de telefonía, internet y WhatsApp gratuitos permite a las beneficiarias integrarse de manera más plena a la sociedad digital, acceder a oportunidades de información, educación y comunicación, y reducir la brecha de desigualdad que históricamente las ha excluido del progreso. Este tipo de políticas demuestra que invertir en las mujeres no sólo es un acto de justicia social, sino también un camino hacia el desarrollo sostenible y equitativo.
