La publicación del Protocolo para Erradicar el Acoso Escolar representa, sin duda, un avance institucional relevante para el Estado de México; sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad real de las escuelas para implementar acciones concretas más allá de la normatividad. El documento es amplio, contempla diferentes modalidades de violencia escolar y obliga a la rendición periódica de informes, pero persisten desafíos estructurales como la falta de capacitación docente, el rezago en infraestructura y la necesidad de involucrar de manera activa a madres, padres y tutores. Si la medida no se acompaña de presupuesto, seguimiento técnico y mecanismos de sanción efectivos, corre el riesgo de convertirse en un protocolo más en papel, sin impacto tangible en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.
La entrega de apoyos económicos a las familias afectadas por la ruptura de la línea de agua en San Miguel Xochimanga muestra la capacidad de respuesta del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, pero también revela la fragilidad de la infraestructura hidráulica y la necesidad de una revisión profunda de su mantenimiento. Si bien el alcalde Pedro Rodríguez Villegas presume una actuación inmediata y la gestión de recursos adicionales mediante la aseguradora, lo cierto es que este tipo de contingencias deberían motivar una evaluación técnica y preventiva más rigurosa para evitar que los daños patrimoniales se conviertan en una constante. El respaldo financiero es un paliativo necesario, pero insuficiente si no se acompaña de diagnósticos estructurales y planes de inversión que garanticen seguridad y confianza a los habitantes.
El inicio de las pruebas de circulación del Tren México–AIFA evidencia la premura gubernamental por cumplir plazos, pero también deja al descubierto un cumplimiento deficiente de los acuerdos con comunidades como Teyahualco, donde la falta de puentes peatonales y el enmallado incompleto representan riesgos reales para la población. Si bien existen avances y avisos formales, la lógica de "primero operar y después concluir" los accesos peatonales contradice la prioridad de seguridad que debería prevalecer en cualquier obra pública de gran escala. La demolición de viviendas y la indemnización correspondiente abren otro frente de inconformidad social, y aunque el proyecto ferroviario busca consolidar conectividad hacia el AIFA, su legitimidad dependerá de atender reclamos, honrar compromisos y garantizar que el desarrollo no se realice a costa de quienes viven en la ruta.
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