La publicación de los lineamientos para evaluar el desempeño de juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial mexiquense marca un punto de inflexión en una reforma que promete más que discursos sobre rendición de cuentas. La incorporación de indicadores medibles —desde conocimientos técnicos y productividad hasta la percepción de las personas usuarias— y la exigencia de puntajes altos como estándar mínimo envían una señal de rigor institucional poco habitual en un sistema históricamente opaco. El verdadero alcance de este modelo, no obstante, dependerá de su aplicación sin simulaciones, de la autonomía real de quienes evalúan y de que las medidas correctivas no se conviertan en trámites administrativos, sino en herramientas efectivas para mejorar la calidad de la justicia en un estado donde la confianza ciudadana sigue siendo el principal pendiente.
Un periodo clave
La convocatoria al quinto Periodo Extraordinario de la Legislatura mexiquense confirma que la agenda de seguridad se ha convertido en el eje ineludible del debate político. La discusión de reformas sobre desaparición de personas, coordinación interinstitucional, participación del Ministerio Público y el combate a la extorsión, incluido el llamado cobro de piso, refleja la presión social por respuestas más eficaces del Estado. En este contexto, la intervención de Zaira Cedillo al dar lectura a la convocatoria coloca el foco en la necesidad de pasar del diagnóstico a decisiones concretas, donde la armonización legal no se quede en ajustes normativos y realmente fortalezca la búsqueda de personas, la investigación de delitos y un modelo de seguridad centrado en las personas, capaz de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
La política del concreto
En un contexto donde la infraestructura suele quedar atrapada entre competencias y trámites, la reconstrucción de la calle Agustín Millán se convierte en un mensaje político claro desde lo local. El avance de esta obra, impulsada por el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, muestra que la coordinación entre niveles de gobierno y la gestión activa pueden traducirse en resultados concretos para comunidades históricamente relegadas. Más allá de los metros pavimentados, el valor está en la capacidad de asumir compromisos, superar obstáculos administrativos y atender una demanda cotidiana de movilidad; el reto, como ocurre con toda obra pública, será que este modelo de suma de voluntades se replique y se sostenga, especialmente en zonas donde las carencias viales siguen marcando la calidad de vida.
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