La propuesta de tipificar los “montachoques” como delito de fraude en el Estado de México es una medida oportuna y necesaria para frenar un esquema de extorsión que afecta diariamente a cientos de ciudadanos. Queda claro que se trata de un fenómeno preocupante que combina fraude, violencia y riesgo vial. Endurecer las penas, sobre todo cuando se afecta a grupos vulnerables, es un paso firme hacia la protección de los más expuestos y hacia la disuasión de estas conductas. Ser pioneros en legislar sobre este delito no sólo envía un mensaje de cero tolerancia, sino que también puede servir de ejemplo para que otras entidades federativas fortalezcan la seguridad y la justicia vial en beneficio de toda la ciudadanía.
Menos privilegios
La decisión de Héctor Macedo García de retirar celulares y escoltas a la mayoría de los servidores judiciales puede leerse como un esfuerzo de austeridad, pero también deja un signo de interrogante sobre la verdadera eficacia de estas medidas. Reducir privilegios no necesariamente garantiza que los procesos judiciales se agilicen ni que los expedientes se atiendan más rápido; sin cambios estructurales, el ahorro podría ser más simbólico que funcional. Asimismo, aunque Macedo anuncia un posible incremento presupuestal para 2026 y audiencias públicas, no se detalla cómo estos recursos realmente impactarán en la eficiencia del sistema judicial ni cómo se atenderán las reformas recientes. La austeridad por sí sola no soluciona problemas históricos de retrasos y falta de personal; sin un plan integral, estas medidas podrían percibirse más como un gesto político que como un verdadero impulso a la justicia.
Solidaridad legislativa
La iniciativa del Congreso del Estado de México para apoyar a las familias afectadas por las lluvias en Veracruz refleja un compromiso genuino con la solidaridad y la responsabilidad social. Que diputadas, diputados y personal legislativo hayan aportado voluntariamente parte de su dieta demuestra que, más allá de la labor política, existe conciencia sobre la urgencia de respaldar a quienes enfrentan situaciones de emergencia. Este tipo de acciones no solo ayuda a mitigar los efectos de las contingencias naturales, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones cuando éstas actúan con empatía y eficacia.
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