Al alcalde de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, le llegó el agua hasta el cuello y no por las inundaciones que presentan varias colonias de la demarcación, sino porque los afectados reprueban que haya permitido que se llevaran la maquinaria, de nombre Hércules, con la que presumiblemente liberarían el agua acumulada en varias calles de este municipio, para ayudar en otras zonas afectadas por las precipitaciones. El problema no es que hayan solicitado el equipo en otros puntos, dicen, sino lo que no hicieron previamente a la temporada de lluvias y es que los afectados rechazan que hayan identificado desazolve u otros trabajos en la zona, antes de la llegada de las lluvias, que este año se han duplicado.
Los integrantes del Partido Acción Nacional en el Estado de México atinaron una y es que ya sea en Naucalpan o en Toluca, la realidad es que el gasto por los daños a los vehículos tras caer en un bache se ha traducido en una “renta” que cada mes o en menos tiempo, deben enfrentar los automovilistas. El presidente del albiazul, Anuar Azar, lo ha dicho bien, bachear es un boquete en el bolsillo. Si bien en Naucalpan, el alcalde Isaac Montoya, ha implementado varias estrategias para hacer frente a este problema, la verdad es que todo el estado se encuentra en las mismas condiciones, la carpeta asfáltica no resiste más y los daños son profundos. Al parecer se necesita una cirugía mayor y no tratamientos paliativos, pues irremediablemente el presupuesto de los ayuntamientos debe destinarse a mucho más que sólo el reencarpetado de las calles.
A dos años de gestión, el actual Gobierno del Estado de México reconoce que uno de los principales desafíos ha sido actualizar y armonizar los instrumentos normativos de planeación urbana a nivel municipal, estimando que cerca del 36.8% de los municipios mexiquenses carecen de Planes Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) actualizados.
El no adaptarlos a los tiempos actuales, limita su capacidad para responder a las necesidades reales de su población y la muestra son las zonas con inundaciones, pues en muchas de esas regiones debieron limitar la construcción de viviendas o no permitir asentamientos, pero los alcaldes en todo momento decidieron hacerse omisos con los documentos que más necesitan para cumplir con los compromisos.
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