El millonario adeudo por laudos laborales heredado en Ecatepec, que asciende a casi 300 millones de pesos, es una muestra clara de la irresponsabilidad administrativa de gobiernos anteriores y del alto costo que representa la omisión institucional en materia laboral. Ahora, la administración encabezada por la alcaldesa Azucena Cisneros enfrenta una carga financiera y jurídica que podría comprometer la operatividad del municipio si no se atiende con celeridad y transparencia. La gravedad del problema radica no solo en el monto, sino en la inercia que permitió la acumulación de casi mil 700 expedientes laborales sin una estrategia de resolución efectiva. Aunque hasta ahora no se han ejecutado embargos ni requerimientos de pago, el riesgo legal es latente y creciente. El reto es doble: corregir el pasado y blindar al municipio frente a prácticas que vulneren nuevamente los derechos laborales y la estabilidad financiera local.
Problema regional
La tala ilegal de árboles en el Estado de México no sólo representa un delito ambiental, sino una amenaza directa a la estabilidad ecológica y al futuro del desarrollo rural. Que siete de cada diez metros cúbicos de madera comercializada provengan de actividades ilícitas es un dato alarmante que desnuda la incapacidad institucional para contener esta práctica. José Alberto Couttolenc Buentello, líder parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, advirtió con razón que municipios como Ocuilan, Ixtapaluca, Texcaltitlán y Temascaltepec viven bajo amenaza constante, mientras el saldo forestal sigue en retroceso con más de 3 mil 200 hectáreas perdidas entre 2022 y 2024. La gravedad del problema exige mucho más que legislación y sanciones simbólicas: se necesitan políticas públicas integrales que ofrezcan alternativas productivas sostenibles a las comunidades, incentivos al manejo forestal legal y una estrategia de vigilancia efectiva. La urgencia es real, y el tiempo para actuar, limitado.
Poco apoyo a la Cruz Roja
La disminución del apoyo a la Cruz Roja Mexicana en Toluca, con una caída cercana al 60% desde la pandemia, refleja una preocupante pérdida de sensibilidad social frente a una institución que históricamente ha estado en la primera línea de atención en emergencias. Mario Vázquez de la Torre, presidente del Consejo Directivo de la Delegación Toluca, ha hecho un llamado oportuno a la ciudadanía para no abandonar esta causa. Aunque empresarios y asociaciones civiles mantienen su compromiso, es evidente que la solidaridad colectiva requiere ser revitalizada, especialmente en contextos donde la vulnerabilidad social y los desastres naturales no han cesado. La colecta nacional, que culmina el 31 de mayo, no debería ser vista como un trámite anual, sino como una oportunidad para fortalecer a una organización que opera, muchas veces, donde el Estado no alcanza. El desinterés ciudadano no solo afecta los ingresos de la Cruz Roja, sino que pone en riesgo su capacidad de respuesta ante contingencias.
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