Aunque la reducción del 17 por ciento en feminicidios y la baja en delitos de alto impacto son señales de avance para el gobierno de Delfina Gómez, las cifras siguen contrastando con una cruda realidad que mantiene al Estado de México en los primeros lugares de violencia de género. La baja mensual informada en la Mesa de Paz atenúa la estadística inmediata, pero el hecho de que municipios como Toluca mantengan foco rojo nacional exige cautela antes de echar las campanas al vuelo. Estrategias como el Mando Unificado Oriente demuestran que la coordinación metropolitana rinde frutos concretos en delitos patrimoniales, pero la agenda de seguridad mexiquense no podrá cantar victoria definitiva mientras la integridad de las mujeres continúe condicionada por reducciones porcentuales marginales en un territorio históricamente agraviado.
La Gobernadora Delfina Gómez. Foto Especial
La apuesta
La llegada de la multinacional alemana Döhler a Soyaniquilpan, con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, ratifica la posición del Estado de México como un motor industrial clave para la captación de capitales extranjeros. El dinamismo que muestra la Secretaría de Desarrollo Económico al consolidar proyectos en el sector de alimentos y bebidas demuestra que la infraestructura y conectividad mexiquense siguen siendo un imán indiscutible para la iniciativa privada global. Sin embargo, el verdadero reto para las autoridades radicará en garantizar que este flujo de divisas e innovación tecnológica se traduzca en empleos con salarios competitivos y un desarrollo regional equilibrado, evitando que el crecimiento se quede únicamente en las cifras macroeconómicas y beneficie directamente al tejido social del norte de la entidad.
La agenda pendiente del IMEDIS
La instalación del Consejo Consultivo del Instituto Mexiquense para la Discapacidad (IMEDIS) representa un paso institucional indispensable para incorporar la voz ciudadana y de especialistas en la construcción de una entidad verdaderamente incluyente. Integrar a organismos de derechos humanos y asociaciones civiles en la toma de decisiones permite enfocar los esfuerzos donde más se necesitan, lejos de la visión burocrática tradicional. No obstante, el reto trascendental de este nuevo órgano no estará en la firma de acuerdos o en la difusión de campañas de sensibilización, sino en su capacidad para articular presupuestos suficientes y exigir infraestructura accesible en los 125 municipios; sólo garantizando movilidad urbana, salud integral y empleo digno se podrá pasar del discurso de la inclusión a la garantía plena de derechos para las personas con discapacidad en el Estado de México.
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