La decisión de Delfina Gómez Álvarez de emitir la declaratoria de emergencia por inundaciones demuestra un compromiso claro con la protección de la población del Estado de México. Ante la afectación de 48 mil 460 personas y casi 14 mil viviendas, su instrucción de movilizar recursos, coordinar a Protección Civil y garantizar la recuperación de infraestructura refleja una gestión responsable y proactiva. La rapidez con la que se han activado las medidas preventivas y de auxilio es fundamental para minimizar daños y salvaguardar la vida y bienes de los habitantes, especialmente en municipios tan vulnerables como Nezahualcóyotl y La Paz. La gobernadora evidencia que la prevención y la planificación son esenciales frente a fenómenos naturales que, como las lluvias intensas y los ciclones, pueden afectar a miles de familias.
La iniciativa presentada por Krishna Romero refleja un avance significativo en la visibilidad de las necesidades de las mujeres en el ámbito laboral y educativo. Reconocer la dismenorrea como motivo válido de ausencia y permitir días de licencia con goce de sueldo para las trabajadoras públicas no sólo alivia un problema físico, sino que también reconoce las barreras invisibles que afectan el desarrollo profesional femenino. Asimismo, la propuesta de justificar inasistencias escolares por motivos de salud menstrual garantiza que las estudiantes puedan mantener su rendimiento académico sin sufrir discriminación ni sanciones, lo que representa un paso hacia la equidad y la inclusión desde edades tempranas. La valentía de legisladoras como Krishna Romero para visibilizar estas cuestiones demuestra que la política puede ser un instrumento real para transformar condiciones sociales y laborales históricamente ignoradas.
El anuncio sobre el análisis de los 12 predios propuestos para el Programa de Vivienda del Bienestar en el Estado de México refleja un esfuerzo necesario de planeación urbana responsable. Nicolás Mendoza Jiménez subraya un punto clave: el crecimiento urbano no debe comprometer las áreas naturales protegidas, que abarcan alrededor del 44% del territorio mexiquense. Esto muestra un enfoque equilibrado entre desarrollo habitacional y conservación ambiental. Sin embargo, la urgencia por construir 71 mil viviendas plantea un reto: ¿podrán los municipios garantizar que estas nuevas comunidades se integren de manera ordenada y sostenible?
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