La instalación del Sistema Estatal de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos en el Estado de México representa un avance institucional largamente postergado y de vital importancia para fortalecer la infraestructura médica de la entidad. A pesar de que las cifras de donaciones cadavéricas mostraron un ligero incremento al pasar de 76 casos en 2024 a 87 en 2025, el enorme volumen poblacional del territorio mexiquense evidencia que aún existe un rezago profundo frente a la altísima demanda de pacientes en lista de espera. Como bien apuntó la secretaria de Salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, este rubro requiere una compleja y rigurosa coordinación clínica, logística, jurídica y social para actuar con oportunidad cuando la vida de una persona está de por medio. La articulación anunciada entre instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil no debe quedarse en un mero protocolo burocrático, sino traducirse en una verdadera eficiencia operativa. La prueba de fuego para este nuevo sistema será garantizar una cultura de donación transparente y accesible, superando los obstáculos estructurales y la desconfianza ciudadana para salvar vidas cuando el tiempo es el recurso más apremiante.
¿Consulta real o trámite urbano?
La reciente publicación del protocolo marco por parte de la Sedatu para actualizar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México representa un ejercicio fundamental y largamente esperado de inclusión democrática. Involucrar a los pueblos y barrios originarios de 84 municipios en decisiones tan apremiantes como el agua, la movilidad y el desarrollo urbano no sólo legitima la planeación territorial, sino que salda una deuda histórica con estas comunidades. Sin embargo, el verdadero reto para las autoridades federales y locales no estará en la realización de las asambleas regionales y sus cinco etapas, sino en garantizar que la voz y las propuestas de los pueblos indígenas se traduzcan en políticas públicas vinculantes y recursos reales. De nada servirá un proceso participativo exhaustivo si las demandas sobre el equilibrio ecológico y el ordenamiento territorial terminan subordinadas a los intereses inmobiliarios de siempre. La metrópoli urge de un nuevo pacto territorial, pero este solo será exitoso si el diálogo intercultural se asume con auténtica voluntad política y respeto absoluto a la autonomía comunitaria.
Certeza jurídica, pendiente en el oriente
La entrega de escrituras en Valle de Chalco, como parte del Plan Integral Oriente, representa un paso firme para saldar la enorme deuda de certeza jurídica que históricamente ha lacerado a los mexiquenses. Que más del sesenta por ciento de los predios irregulares del estado se concentren en esta zona oriente evidencia la urgencia de una política habitacional coordinada que no reduzca la regularización a un trámite burocrático. Sin embargo, el verdadero reto para el INSUS y las autoridades locales no radicará únicamente en cumplir con la meta federal de escrituración masiva, sino en frenar de raíz el crecimiento clandestino y garantizar que zonas como El Agostadero o La Punta queden totalmente fuera de riesgos. Otorgar un papel legal a miles de familias transforma su realidad patrimonial y les devuelve la paz, pero esto debe ir acompañado de infraestructura digna y servicios públicos que consoliden un desarrollo urbano verdaderamente ordenado y humano.
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