Frente a la alarmante cifra de más de 14 mil personas desaparecidas en el Estado de México, la regulación estricta a funerarias y crematorios expuesta por la diputada Joanna Alejandra Felipe no es solo una iniciativa legislativa, sino un llamado de justicia impostergable. Permitir que la falta de control municipal facilite la destrucción o incineración clandestina de restos sin identificar equivale a perpetuar la impunidad que flagela a miles de familias mexiquenses. Sancionar con severidad a quienes encubran o desintegren evidencias corporales resulta un paso indispensable para cerrar el paso a la corrupción en recintos fúnebres. Los ayuntamientos no pueden eludir su responsabilidad de vigilar rigurosamente cada procedimiento e inhumación en sus jurisdicciones. Solo con un marco penal firme y una fiscalización transparente se garantizará que estos espacios dejen de ser el último e impune eslabón de la desaparición en la entidad.
El fracaso de la planeación
El desplome del 66.9% en la matrícula de la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan durante su primer año expone con crudeza el fracaso de planear la oferta educativa desde la ocurrencia y no desde la viabilidad operativa. Convertir un predio decomisado en aulas sin garantizar antes los servicios básicos ni un transporte público eficiente convirtió el sueño universitario de cientos de jóvenes en una carrera de obstáculos insostenible. La deserción en aumento y el abandono total de cuatro carreras confirman que la inclusión académica exige infraestructura real, no solo discursos triunfalistas. Improvisar planteles en zonas aisladas sin conectividad ni luz condena a la juventud a la deserción prematura. Si las autoridades no resuelven de inmediato el aislamiento y las carencias del plantel, la institución quedará como un monumento a la simulación institucional. El acceso a la educación superior debe ser una puerta efectiva al desarrollo, nunca una promesa sepultada por la falta de planeación.
Digitalización a ciegas
La iniciativa para impulsar la Ley de Economía Digital y acelerar la bancarización suena atractiva en el papel, pero corre el riesgo de tropezar con la cruda realidad del país. Pretender eliminar el efectivo e imponer transacciones electrónicas sin resolver primero la profunda brecha de conectividad e inclusión financiera es ignorar la dinámica informal en la que sobreviven millones de mexicanos. La digitalización no puede convertirse en una carrera burocrática por ostentar infraestructura de vanguardia mientras en los municipios más rezagados el servicio de internet sigue siendo deficiente e inestable. Además, forzar la bancarización a través de decretos y plataformas digitales sin una verdadera pedagogía financiera ni garantías absolutas de ciberseguridad solo generará desconfianza y marginación entre los pequeños comerciantes. La modernización económica exige sensibilidad social y cobertura real; de lo contrario, la supuesta eficiencia gubernamental terminará por convertirse en un obstáculo más para la economía popular.
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