La incorporación de fotomultas en el Mexibús muestra el intento del Estado de México por modernizar la vigilancia del transporte público, pero también reaviva la discusión sobre su correcta aplicación. La instalación de cámaras en las estaciones promete un sistema más parejo y menos sujeto a interpretación, aunque el gobierno deberá demostrar que su uso responde a criterios de seguridad y no únicamente a objetivos recaudatorios. Con la eliminación de sanciones directas por parte de las oficiales y el envío automático de infracciones, la operación puede volverse más ágil, pero exige reglas claras, datos públicos y supervisión constante.
La intervención del Gobierno de Naucalpan en la Biblioteca Mario Colín 1342 para convertirla en un Centro LIBRE, pese a una suspensión judicial vigente y sin diálogo con los vecinos, evidencia una forma de gobernar que privilegia el hecho consumado sobre el consenso. Aunque la atención a las mujeres es una causa indispensable, imponerla a costa de un espacio rehabilitado con recursos públicos y participación comunitaria erosiona la confianza y envía el mensaje de que la ley puede ignorarse cuando estorba. El conflicto no es sobre la importancia del proyecto, sino sobre la forma: sin transparencia, sin acuerdos y en medio de un amparo que exige prudencia, la administración de Isaac Montoya abre un frente innecesario con una comunidad que sólo pide respeto a la legalidad y a su propio trabajo colectivo.
El proyecto de movilidad presentado por la alcaldesa María de los Ángeles Zuppa Villegas refleja un intento serio por enfrentar el colapso vial que desde hace años afecta a Tepotzotlán y a toda la zona industrial que depende de la México-Querétaro. La eliminación de la glorieta y la construcción de un paso a desnivel parecen medidas razonables ante el crecimiento descontrolado de los parques logísticos, pero el reto real será lograr que las dependencias federales y estatales asuman su corresponsabilidad en una infraestructura que claramente ya rebasó su vida útil. Zuppa Villegas pone sobre la mesa un diagnóstico técnico y un anteproyecto con sustento, pero su éxito dependerá de la voluntad política de CAPUFE, la SICT y el propio Gobierno del Estado de México para ejecutar obras que trasciendan administraciones y resuelvan de fondo una congestión que afecta no solo a los habitantes del municipio, sino también a la competitividad regional.
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