Toluca se prepara para vivir una de las finales más emocionantes del fútbol mexicano, y el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, ha tomado medidas concretas para que esta fiesta deportiva se disfrute en paz y con seguridad. La estrategia es clara: un operativo conjunto con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, que contempla más de 800 elementos, torres de vigilancia, binomios caninos y equinos para resguardar tanto el estadio Nemesio Díez como puntos clave de reunión ciudadana. Más que un partido, esta final representa una oportunidad para que las familias toluqueñas vivan el deporte en comunidad. Por ello, el Ayuntamiento instalará pantallas gigantes en la Alameda Central y el bajo puente de Santín. El llamado es claro: celebrar con responsabilidad y civismo, porque la pasión por el fútbol también se demuestra cuidando la ciudad y respetando a los demás.
Cargar con bultos pasados
El hallazgo de un adeudo millonario al SAT por parte de la administración 2019-2021 revela la profundidad del desorden financiero heredado en Otumba. Unos 50 millones de pesos en retenciones de ISR no fueron enterrados, afectando directamente la estabilidad fiscal del municipio. El actual alcalde, Hilarión Coronel Lemus, ha tenido que recurrir a un préstamo estatal para solventar esta omisión, una decisión obligada para evitar consecuencias legales y administrativas más graves, pero que al mismo tiempo compromete recursos futuros de la administración en curso. Este tipo de irregularidades no pueden quedar solo como nota de Cabildo. Es indispensable que se investigue a fondo y se finquen responsabilidades a los exfuncionarios que incurrieron en esta falta. El compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas debe ser una prioridad si Otumba quiere recuperar la confianza ciudadana y construir una administración que no repita los errores del pasado.
Nuevos pozos
Después de dos décadas de abandono, las familias de Arboledas Xalostoc, en la zona alta de San Andrés de La Cañada, comienzan a ver materializarse una demanda histórica: el acceso al agua potable. La decisión del gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, de iniciar la instalación de la red hidráulica en esta comunidad representa un acto de justicia social para cientos de personas que, durante años, han tenido que pagar precios abusivos a piperos por un servicio que debería ser un derecho garantizado. Aunque se ha dado un paso importante al responder a esta demanda, también es cierto que su gobierno debe ir más allá del acto simbólico y evitar que este tipo de rezagos continúen repitiéndose en otras comunidades. El acompañamiento vecinal y los discursos emotivos no bastan: se requiere una política estructural y sostenida que garantice servicios públicos sin depender de presiones sociales o tiempos políticos. Ecatepec necesita acciones firmes.
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