La “Feria de Igualdad e Inclusión” encabezada por SeMujeres refleja un esfuerzo institucional relevante para fortalecer el reconocimiento de derechos y combatir la discriminación en el Estado de México, particularmente mediante acciones como la entrega de actas de identidad de género, que representan avances jurídicos tangibles para personas históricamente vulneradas. El posicionamiento de María Esther Rodríguez Hernández al destacar el carácter simbólico y legal de estos actos resulta fundamental, pues da cuenta de una política pública orientada no solo a la sensibilización social, sino al acceso efectivo a servicios y garantías. No obstante, para que iniciativas de este tipo trasciendan el plano discursivo, será indispensable que se acompañen de continuidad presupuestal, capacitación institucional y mecanismos reales de protección, asegurando que los derechos reconocidos en eventos públicos tengan repercusión práctica en la vida cotidiana de las personas de la diversidad sexual.
Destinan más contra la corrupción
El anuncio de asignar más de 111 mil millones de pesos para combatir la corrupción en 2026 coloca al Estado de México frente a un reto mayor: convertir ese presupuesto en resultados verificables. La inversión en programas, coordinación interinstitucional y proyectos multianuales puede fortalecer la fiscalización y la prevención, pero solo si existen controles estrictos y transparencia plena. Para que este eje sea efectivo, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y los mecanismos de denuncia deberán fortalecerse. El verdadero desafío será demostrar que el gasto no solo está destinado, sino que impacta de manera real en la disminución de prácticas indebidas.
Reemplacamiento obligatorio
La renovación obligatoria de placas emitidas en 2021 puede fortalecer el control del padrón vehicular y mejorar la identificación de unidades en circulación. Sin embargo, su éxito dependerá de que la Secretaría de Finanzas garantice trámites ágiles y módulos suficientes. La medida será útil solo si los costos son transparentes y la ciudadanía recibe información clara y oportuna. De lo contrario, el proceso podría percibirse como una carga adicional para los automovilistas. Actualizar el padrón es necesario, pero su implementación debe ser eficiente para cumplir su objetivo real.
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