El deterioro extremo de las vialidades en las zonas industriales del Estado de México —donde el simple bacheo ya resulta insuficiente ante el paso del transporte masivo de carga— vuelve urgente acelerar los acuerdos entre la Sedeco, la Junta de Caminos y los municipios afectados. Es de reconocerse la apertura de la secretaria Laura González para impulsar esquemas de coinversión con la iniciativa privada y proyectar un cambio integral de la carpeta asfáltica en corredores estratégicos como Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla. Sin embargo, en la entidad que abandera el mayor parque industrial del país, resulta inadmisible que municipios clave admitan mantener en lista de espera la atención a sus calles productivas. La infraestructura vial de un polo fabril no es un lujo ni una concesión secundaria, sino el cimiento indispensable para retener inversiones, garantizar la seguridad del transporte y asegurar la competitividad mexiquense.
Aunque la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez, presentó ante la Legislatura datos alentadores sobre la baja en delitos como acoso y hostigamiento sexual, su diagnóstico sincero ante el Pleno reconoce una realidad ineludible: la violencia machista sigue siendo un pendiente urgente en el Estado de México. Es valioso que desde el gabinete estatal se asuma con madurez que despliegues como los Operativos Violeta o Ciudad Mujeres son insuficientes si los feminicidios persisten y si la aplicación de los recursos para las Alertas de Género genera dudas presupuestales en el Congreso. Para que los compromisos de fortalecer la atención territorial e interinstitucional no queden en mero discurso, la administración mexiquense debe garantizar que cada orden de protección y cada carpeta iniciada se traduzcan en justicia pronta y erradicación de la impunidad.
El reporte presentado por el alcalde Ricardo Moreno sobre la localización de 835 personas en Toluca refleja un esfuerzo institucional coordinado que no debe minimizarse, especialmente por la efectividad informada en la pronta intervención del C4 y la Célula de Búsqueda. Es plausible que la administración capitalina derribe mitos burocráticos y enfatice que no se debe esperar 24 o 48 horas para denunciar una desaparición, un factor determinante para encontrar a las víctimas con vida. Sin embargo, en una entidad lacerada por la crisis de personas no localizadas, el optimismo de las cifras oficiales debe manejarse con absoluta cautela y rigor metodológico. Para las familias que aún enfrentan la angustia de la ausencia, la efectividad municipal no solo se mide en estadísticas de éxito a corto plazo, sino en la capacidad de prevenir las causas de fondo, sostener el acompañamiento integral y garantizar que la coordinación con la Fiscalía estatal se traduzca en justicia y no en reincidencia.
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