El despliegue de más de 128 mil certificaciones para motociclistas en el Estado de México representa un avance indispensable en favor de la cultura vial y la prevención de accidentes, especialmente en un contexto donde la motocicleta se ha vuelto el motor de la movilidad y del trabajo por aplicación. Sin embargo, para que esta política impulsada por la Secretaría de Movilidad no termine convertida en una mera ventanilla de recaudación —donde el trámite conjunto supera fácilmente los mil doscientos pesos—, la autoridad mexiquense tiene la obligación moral y legal de garantizar rigurosidad real en las pruebas teórica-prácticas. De poco servirá certificar al cien por ciento del padrón en cinco años si la evaluación se flexibiliza o si los siete módulos existentes terminan rebasados por la burocracia, dejando el casco certificado y la pericia al volante como simples requisitos de papel.
La asignación de 5.5 millones de pesos para atender la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios del Estado de México es una señal de voluntad institucional, pero el monto resulta notoriamente marginal frente a la magnitud del feminicidio en la entidad. Aunque destaca la inclusión de campañas en lenguas originarias y el refuerzo técnico-jurídico para revisar carpetas de investigación, repartir dicho presupuesto entre atención, seguridad y justicia en el territorio más poblado del país corre el riesgo de pulverizar el impacto. Pintar murales y brindar asesorías no bastará si las fiscalías y policías locales siguen arrastrando vicios de impunidad y revictimización. La Secretaría de las Mujeres estatal no puede permitir que este recurso se quede en meras campañas de difusión; la efectividad de este subsidio se medirá exclusivamente en vidas protegidas y sentencias dictadas, no en folletos ni paredes decoradas.
El cierre del ciclo escolar 2025-2026 en Tlalnepantla de Baz deja una grata muestra de cómo la inversión pública bien dirigida puede transformar directamente la vida de miles de familias. La decisión de la administración municipal de destinar más de 52 millones de pesos de recursos propios a la educación representa un acierto encomiable, pues aborda las necesidades del sector escolar desde un enfoque integral y verdaderamente humano. Apoyos tan sensibles como las becas "Leona Vicario", la enseñanza del inglés, la conectividad y la puesta en marcha de las Cocinas del Bienestar demuestran una empatía genuina con la economía del hogar y el desarrollo infantil. Al apostar por espacios dignos, nutrición y oportunidades para todos los niveles académicos, el gobierno local sienta un precedente esperanzador que confirma que situar a la educación como eje del bienestar es el camino más noble y certero para construir una comunidad con justicia social.
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