Aunque la disminución del cuarenta y dos por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Michoacán —respaldada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el despliegue de miles de elementos federales— representa un respiro estadístico innegable, reducir la crisis de seguridad a un mero conteo de detenciones y decomisos ignora la profunda descomposición institucional que padece el estado. Las cifras oficiales celebran el octubre más bajo desde 2015, pero la persistencia de laboratorios clandestinos, explosivos improvisados y el control territorial del crimen organizado evidencian que la estrategia gubernamental sigue apostando por la contención militar en lugar de construir policías locales confiables y erradicar las economías criminales desde su raíz. Así, mientras el gobierno federal presume el éxito del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en los hechos la población continúa rehén de una violencia estructural que la fuerza de las armas por sí sola no logra desmantelar de forma permanente.
Que el Estado de México crezca 8.2% en actividad industrial, 7.1 puntos por encima del promedio nacional, no es casualidad ni un dato para presumir en boletín, es la prueba de que la entidad vuelve a ser el motor que el país necesita. El anuncio de Laura González Hernández, con la inversión de 60 millones de dólares de Parker Hannifin en Toluca, confirma que la confianza empresarial se está recuperando y que hay condiciones para crecer. Pero el verdadero reto no es atraer una planta más, sino que esa nueva etapa de industrialización en semiconductores y electromovilidad se traduzca en empleos bien pagados y no en cifras alegres. Si el gobierno de Delfina Gómez logra que el crecimiento industrial se sienta en el bolsillo de los mexiquenses, entonces sí estaremos hablando de desarrollo, no solo de estadísticas.
Que el Gobierno del Estado de México realice su vigésima novena reunión para atender a víctimas no debería ser motivo de celebración, sino un recordatorio doloroso de que la violencia contra las mujeres sigue desbordando a las instituciones. Escuchar, acompañar y dar asesoría jurídica y psicológica es necesario, pero insuficiente si los casos se quedan en minutas y compromisos sin seguimiento real. La presencia de la Fiscalía, la CEAVEM, el DIFEM y el Poder Judicial en la misma mesa es un buen paso, porque las víctimas ya están cansadas de peregrinar de oficina en oficina. El reto para la Secretaría de las Mujeres, que encabeza María Esther Rodríguez, es que estas reuniones dejen de ser un trámite y se conviertan en justicia pronta, reparación y, sobre todo, en que ninguna mujer tenga que volver a contar su historia para ser escuchada.
Que el Estado de México crezca 8.2% en actividad industrial, 7.1 puntos por encima del promedio nacional, no es casualidad ni un dato para presumir en boletín, es la prueba de que la entidad vuelve a ser el motor que el país necesita. El anuncio de Laura González Hernández, con la inversión de 60 millones de dólares de Parker Hannifin en Toluca, confirma que la confianza empresarial se está recuperando y que hay condiciones para crecer. Pero el verdadero reto no es atraer una planta más, sino que esa nueva etapa de industrialización en semiconductores y electromovilidad se traduzca en empleos bien pagados y no en cifras alegres. Si el gobierno de Delfina Gómez logra que el crecimiento industrial se sienta en el bolsillo de los mexiquenses, entonces sí estaremos hablando de desarrollo, no solo de estadísticas.
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